PolíticaInvestigación
La adjudicación de frecuencias 5G en Paraguay sigue generando controversia. La Contraloría General de la República solicitó informes detallados a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el proceso que otorgó licencias a AMX Paraguay (Claro) y a Nubicom, una pequeña empresa de Internet de la provincia de Salta, Argentina.
El documento, firmado por el subcontralor Augusto José Félix Paiva, pide que Conatel entregue copias de las licencias, la acreditación de experiencia en el rubro móvil y la comprobación de que Nubicom cumple con la exigencia de contar con al menos 100.000 abonados, requisito establecido en el pliego de la licitación.
También se exige información sobre el pago de los cánones correspondientes y sobre los mecanismos de control interno que aplicó la institución para verificar la veracidad de los datos presentados por la firma. La solicitud incluye, además, documentos que demuestren la experiencia de la empresa en el rubro de telecomunicaciones y las deliberaciones del directorio que llevaron a su selección.
El tema no quedó solo en el plano administrativo, sino que escaló al terreno político. El senador opositor Rafael Filizzola criticó con dureza la operación y sostuvo que se pretendía beneficiar "por nada" a una empresa que ni siquiera abastece una parte mínima de la demanda local.
Recordó que con la adjudicación del 4G el Estado había recaudado 180 millones de dólares, mientras que ahora apenas se habla de 4 millones. "¿Quién está detrás? ¿Cuándo no? La codicia de Peña no tiene límites", disparó el legislador.
La polémica gira en torno a cómo un proveedor de alcance provincial, sin antecedentes en telefonía móvil y con dudas sobre su base de usuarios, pudo convertirse en adjudicatario de espectro 5G en Paraguay.
La investigación de la Contraloría apunta a despejar las sospechas sobre un proceso que ya está en el centro del debate público y político.
