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El monto total, que supera ampliamente la dieta base de un senador —ubicada entre G. 32 millones y G. 42 millones— incluye aproximadamente G. 21 millones adicionales. Esta diferencia, cercana al 50% del ingreso base, fue el principal punto de crítica, al interpretarse como un incremento significativo en sus ingresos en un corto periodo.
Sin embargo, desde el Congreso sostienen que ese adicional no constituye un "autoaumento", sino que responde a una bonificación prevista en la Ley de Presupuesto y reglamentada por decreto. Según la explicación oficial, este beneficio se aplica a quienes ejercen funciones de responsabilidad en la administración de recursos públicos, como es el caso del titular del Senado en su rol de ordenador de gastos.
La normativa establece que dicha bonificación puede alcanzar hasta el 50% sobre el salario base, además de los gastos de representación asignados al cargo, lo que explicaría el salto entre la dieta parlamentaria y la remuneración total que figura en los registros institucionales.
Pese a la justificación legal, el caso vuelve a poner en debate el manejo de los recursos dentro del poder político, especialmente por la amplitud de la diferencia entre el ingreso base y el monto final percibido. La situación se da en un contexto en el que se insiste en la necesidad de racionalizar el gasto público, lo que amplifica las críticas hacia este tipo de beneficios dentro de la cúpula estatal.
