Congreso de la CONMEBOL respalda acciones legales en Paraguay por el FIFAgate
El Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol dio un respaldo total a las acciones legales en Paraguay y renovó el mandato para avanzar contra los responsables del esquema de lavado vinculado al Banco Atlas, en una causa que expone el impacto directo de la corrupción en las finanzas del fútbol regional.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) decidió endurecer su postura en el frente judicial del caso conocido como FIFAgate, tras recibir un respaldo unánime de sus diez asociaciones miembro durante su Congreso celebrado en Quito. La resolución no solo valida las gestiones ya realizadas ante la Justicia paraguaya, sino que además renueva el mandato institucional para continuar con la querella penal y avanzar en la recuperación de fondos considerados desviados por la corrupción.
El eje central del proceso apunta a directivos del Banco Atlas, investigados por presunto lavado de activos en una trama que, según las autoridades, afectó directamente el patrimonio de la matriz del fútbol sudamericano. La causa se enmarca dentro de las derivaciones regionales del FIFAgate y busca esclarecer operaciones financieras que se habrían desarrollado durante más de una década.
Un daño millonario bajo la lupa de la Fiscalía
Durante el Congreso, el representante legal de la CONMEBOL, Claudio Lovera, expuso los avances más recientes del caso, destacando un punto considerado clave: por primera vez, el Ministerio Público emitió un pronunciamiento formal sobre el fondo de la investigación. En ese documento, la Fiscalía identificó operaciones concretas que habrían generado un perjuicio económico estimado en USD 44 millones para la organización, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2013.
Según se explicó, un segundo análisis del Ministerio Público permitió identificar la participación de un grupo de personas en maniobras que afectaron los recursos de la Confederación. Este avance abrió la puerta a una causa penal más robusta y dio sustento a la querella impulsada por la propia CONMEBOL en su carácter de víctima directa.
Desde la entidad remarcaron que el proceso sigue abierto y que la aparición de nuevos elementos en la investigación podría derivar en más acciones judiciales, ampliando el alcance del caso y potencialmente sumando nuevos involucrados.
El rol del Banco Atlas y los vínculos con Nicolás Leoz
Uno de los puntos más sensibles del expediente gira en torno a la actuación del Banco Atlas en relación con el fallecido ex presidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz. De acuerdo con lo expuesto en el Congreso, la entidad financiera habría constituido fideicomisos millonarios en favor del dirigente en un contexto particularmente crítico: cuando ya pesaba sobre él una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Este elemento es considerado clave por la querella, ya que sugiere la eventual omisión de controles y diligencias exigidas por la normativa vigente, lo que podría configurar responsabilidades dentro del esquema de lavado investigado.
Una estrategia institucional para recuperar fondos
El respaldo unánime del Congreso marca una señal política clara dentro de la estructura del fútbol sudamericano. Lejos de dar por cerrado el capítulo judicial del FIFAgate, la CONMEBOL opta por profundizar su ofensiva legal con un objetivo concreto: recuperar el dinero que, según sostiene, fue sustraído mediante prácticas corruptas que dañaron su patrimonio institucional.
En este contexto, la estrategia combina acciones penales en curso con la posibilidad de impulsar nuevas demandas a medida que avance la investigación. La dirigencia entiende que el caso no solo tiene implicancias económicas, sino también simbólicas, en un intento por reforzar la imagen de transparencia tras uno de los mayores escándalos en la historia del deporte.
Con el Mundial en el horizonte y el foco internacional nuevamente sobre el fútbol, la decisión del Congreso de la CONMEBOL busca posicionar a la organización como parte activa en la lucha contra la corrupción, en un proceso que aún promete nuevas derivaciones judiciales.