Colorados gestan retroceso judicial para mujeres
En una jugada política cargada de controversia, el Senado de la Nación, con mayoría colorada cartista, decidió ignorar una crisis social que desangra al país: la violencia contra la mujer. El proyecto de ley, que pretendía crear juzgados especializados para atender exclusivamente estos casos, fue modificado y aprobado en su versión más diluida, la de la Cámara de Diputados, eliminando el enfoque de género y sustituyéndolo por un modelo genérico de "violencia intrafamiliar".
La versión original, impulsada por sectores del Poder Judicial, organizaciones de derechos humanos y parlamentarios de la oposición, proponía una estructura judicial que diera respuesta efectiva a las más de 33.000 causas pendientes por violencia contra la mujer. Sin embargo, esa intención quedó sepultada con una votación exprés en una sesión extraordinaria convocada de manera repentina tras el quiebre del cuórum en la sesión ordinaria.
Una sesión entre ausencias y traiciones
La sesión extraordinaria se inició a las 13:50 con una bancada oficialista apurada por sacar el tema. La versión aprobada fue la de Diputados, sin garantías de protección integral para las mujeres, y fue sancionada con el mínimo cuórum posible. La ausencia de legisladores de la oposición y colorados disidentes, que abandonaron la sala en protesta, evidenció un rechazo claro a lo que calificaron como una traición al compromiso con los derechos de las mujeres.
"Sepultaron un proyecto que representaba una deuda histórica con las víctimas", lamentó Lilian Samaniego, una de las proyectistas originales junto a Esperanza Martínez y Rafael Filizzola. Los tres solicitaron al presidente Santiago Peña vetar la ley sancionada y restaurar el sentido original de la iniciativa.
El Estado, ausente donde más se lo necesita
Para la senadora Martínez, el retroceso es más que simbólico: "Más de 33.000 mujeres están esperando justicia. ¿Y qué hacemos nosotros? Cambiamos juzgados especializados en violencia de género por tribunales genéricos. Es inaceptable".
Desde la otra bancada, la senadora Celeste Amarilla fue tajante: "Me gustaría que alguno de ustedes sienta en carne propia lo que ellas viven a diario. Quizá ahí entiendan".
Eduardo Nakayama, por su parte, arremetió contra el rol del Ministerio Público: "Cobarde, inoperante, inútil. Y el fiscal general, más que Mandrake, parece un Teletubbie", lanzó sin filtros, en alusión a la falta de respuesta institucional.
El discurso anti-ONG como excusa para blindar privilegios
La senadora Yolanda Paredes también se sumó a los cuestionamientos: "Esto no es una agenda de ONG, es una necesidad de país. Y que algunos periodistas se presten a desinformar diciendo que es inconstitucional, da vergüenza. ¿Qué tiene de malo que un juzgado especializado defienda a las mujeres que están siendo asesinadas?"
El debate fue marcado por la narrativa oficialista que se escuda en la supuesta "agenda internacional" para justificar decisiones que solo agravan la situación de violencia estructural en Paraguay.
El costo de mirar para otro lado
Mientras la violencia de género sigue escalando y los feminicidios aumentan en distintas regiones del país, el Congreso Nacional vuelve a quedar en deuda con las mujeres paraguayas. Esta no es una derrota legislativa, es un fracaso institucional.
El proyecto fue remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto. Ahora, la última palabra la tiene el presidente Santiago Peña. Lo que está en juego no es un simple articulado legal, sino la vida y dignidad de miles de paraguayas.