Codehupy advierte que cambios al proyecto de protección a periodistas violarían sentencia de la Corte IDH
Dante Leguizamón, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), cuestionó la reciente postergación del proyecto de ley que busca crear un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Paraguay. Según Leguizamón, los cambios propuestos por sectores oficialistas, que buscan separar ambos grupos del texto, "desconocen años de trabajo conjunto entre la sociedad civil, el Estado y las comisiones legislativas".
"Son proyectos construidos durante casi cuatro años en discusiones abiertas. La postergación desconoce todo ese esfuerzo y el trabajo de las comisiones del Congreso", lamentó.
El dirigente en entrevista con el diario El Nacional recordó que la ley original fue diseñada para cumplir la sentencia del caso Santiago Leguizamón vs. Paraguay, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exige un mecanismo integral para proteger tanto a periodistas como a defensores.
"Si se excluye a los defensores, Paraguay incumpliría la sentencia y retrocedería frente a toda la jurisprudencia internacional", apuntó.
Además, dijo que sería un duplicado innecesario y una pérdida de la experiencia que puede generarse con un solo sistema de protección.
Leguizamón también criticó la exclusión de la sociedad civil en el debate legislativo. "El presidente del Congreso, Basilio 'Bachi' Núñez, dijo que nos sacarían de la discusión (Codehupy). Es un patrón que este gobierno ha repetido: impulsar leyes sin consultar a los afectados ni aprovechar la experiencia internacional", afirmó.
Ante esto, advirtió que "si se hace un proyecto nuevo para cumplir con la formalidad del proyecto no va a ser efectivo para los periodistas ni personas defensoras, ni tampoco va a ser efectivo para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos".
Respecto a la situación actual de riesgo, Leguizamón destacó que la Mesa de Seguridad de Periodistas registra amenazas y agresiones a comunicadores.
En el caso de los defensores, el Informe Chococué documenta asesinatos de campesinos por conflictos de tierra, y recientemente la comunidad indígena Carapa enfrenta ataques de civiles armados sin intervención de Fiscalía ni Policía Nacional.
El coordinador de Codehupy advirtió que la modificación del proyecto no solo sería inaplicable, sino que también implicaría que el Estado pierda la oportunidad de contar con un mecanismo autárquico, independiente y eficaz en materia de protección de derechos humanos.