CGR detecta omisiones millonarias del Clan Arévalo y denuncia ante Fiscalía
Ante ese escenario, el organismo resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para una investigación más profunda.
El análisis realizado por el ente de control se centró principalmente en varias propiedades declaradas por la pareja, entre ellas inmuebles ubicados en Lambaré y otro en Loma Plata. De acuerdo con el informe, uno de los principales problemas fue la falta de coherencia entre los montos consignados en las declaraciones y los valores que figuran en otros documentos oficiales y periciales relacionados con las construcciones.
Uno de los casos más llamativos corresponde a un inmueble registrado a nombre de González, cuyo valor fue variando de manera llamativa con el paso del tiempo. En una declaración presentada en febrero de 2025, la propiedad fue valuada en G. 316 millones, incluyendo terreno y edificación. Sin embargo, registros municipales ya señalaban con anterioridad que solo las obras levantadas en el lugar tenían un valor superior a G. 551 millones.
A esa diferencia se sumó un tercer cálculo, incorporado por la propia concejala a través de un peritaje promovido en el marco de una denuncia contra la empresa constructora. Ese documento situó el valor de la edificación en casi G. 1.000 millones y estimó además que el presupuesto total de la obra superaba los G. 1.500 millones. Según los datos expuestos, ya se habían desembolsado cerca de G. 1.386 millones a la contratista. Esa brecha entre lo declarado y lo efectivamente invertido terminó reforzando las sospechas del organismo de control.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, señaló que la gran mayoría de las observaciones hechas durante el examen fueron ratificadas. Precisó que solo quedaron fuera algunas relacionadas con vehículos que, según la documentación presentada, ya habían sido vendidos. El resto, afirmó, se mantuvo y derivó en la recomendación de que la Fiscalía avance en la verificación del origen de los fondos y de la real capacidad económica de la pareja para sostener el crecimiento patrimonial observado.
La Contraloría considera que todavía deben esclarecerse los montos realmente destinados a las construcciones y si existió o no un incremento patrimonial que no pueda ser justificado. Esa es ahora la principal línea de análisis que deberá desarrollar el Ministerio Público con base en los antecedentes remitidos.
El caso suma además otro elemento de fuerte impacto político. Carolina González había quedado expuesta tiempo atrás por un audio filtrado en el que hablaba de la necesidad de respaldar con un crédito la construcción de su vivienda para poder justificar la inversión. En esa grabación, la edil mencionaba una erogación de unos G. 2.000 millones en su residencia y planteaba la conveniencia de presentar un préstamo como sustento formal de la obra.
Ese contenido vuelve ahora a cobrar relevancia en medio del examen sobre el patrimonio de la pareja, especialmente por las dudas en torno a inversiones hechas en efectivo y por la distancia entre los montos mencionados públicamente, los valores declarados ante organismos oficiales y los datos recogidos por la auditoría.
Con la remisión del expediente a la Fiscalía, el caso deja de ser solo una controversia administrativa y pasa a abrir un frente penal que podría derivar en nuevas diligencias sobre el origen, la evolución y la consistencia de los bienes declarados por Orlando Arévalo y Carolina González.