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Eddie Jara y la diputada oficialista Johana Vega cumplieron con el requerimiento del órgano contralor dentro del plazo establecido. Ambos presentaron sus respuestas el martes 27 de enero, Jara durante la mañana y Vega en horas de la tarde. En cambio, Orlando Arévalo y su esposa Carolina González, concejal de Lambaré y precandidata a la intendencia, enviaron sus descargos prácticamente sobre la hora límite, cuando restaba menos de un minuto para el vencimiento formal del plazo.
Desde la Contraloría se recordó que, de no haberse presentado las explicaciones antes de las 23:59 del jueves 29 de enero, las observaciones habrían sido consideradas como válidas y el caso remitido directamente al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal. Finalmente, los documentos llegaron a tiempo, aunque parte de los respaldos fueron entregados al día siguiente debido a que la institución no cuenta con mesa de entrada física durante las 24 horas.
El director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, explicó que los expedientes contienen una cantidad importante de documentos que deben ser verificados y cotejados. Indicó que el objetivo es concluir el análisis lo antes posible, pero aclaró que la complejidad de los casos obliga a una revisión minuciosa para emitir un dictamen definitivo.
En el caso de Eddie Jara, la Contraloría formuló seis observaciones. Una de las principales apunta al cobro de viáticos por más de cien millones de guaraníes correspondientes a viajes que, según el informe preliminar, no se habrían realizado. El titular de Petropar respondió a este cuestionamiento presentando copias de pasaportes y registros migratorios para demostrar que sí efectuó los desplazamientos observados.
Orlando Arévalo, por su parte, acumula catorce observaciones. Entre ellas figuran presuntas omisiones en la declaración de bienes, tanto de inmuebles como de vehículos. El exlegislador argumentó que las viviendas señaladas aún están siendo pagadas en cuotas y que, al no encontrarse totalmente canceladas, no figuran a su nombre. En cuanto a los rodados, sostuvo que ya fueron vendidos con anterioridad a la presentación de su declaración jurada.
Uno de los aspectos que más llamó la atención dentro del proceso fue el horario exacto en el que Arévalo remitió su descargo. Según el registro del correo institucional de la Contraloría, el documento ingresó a las 23:58, apenas sesenta segundos antes de que venciera el plazo y se activara automáticamente el envío de los antecedentes al Ministerio Público.
Desde la Contraloría remarcan que el cumplimiento del plazo, aun en el límite, habilita el estudio de los descargos y evita una derivación automática a la Fiscalía. Sin embargo, aclaran que ello no implica adelantar criterio alguno sobre el fondo de las observaciones ni sobre la eventual responsabilidad administrativa o penal de los involucrados.
El desenlace de estas auditorías es aguardado con expectativa, tanto en el ámbito político como institucional. El dictamen final de la Contraloría será clave para determinar si las explicaciones presentadas resultan suficientes o si los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para una investigación más profunda.
