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El caso, que además involucra al exministro Carmelo Caballero como integrante del equipo jurídico de una de las partes en el litigio civil, sigue generando un intenso debate dentro del ámbito judicial.
Con la conclusión de las audiencias del juicio oral, la expectativa se centra ahora en la lectura de la sentencia que emitirá el Tribunal de Sentencia, resolución que podrá ser absolutoria o condenatoria y que marcará un nuevo capítulo en una de las causas de mayor repercusión dentro del sistema de justicia paraguayo.
Más allá de la situación procesal de la exjueza Tania Irún, el desarrollo del juicio volvió a instalar cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio Público y, particularmente, sobre el papel desempeñado por el fiscal Cristian Benítez, quien actualmente sostiene la acusación por presunto prevaricato.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, la acusación fue presentada inicialmente por la entonces fiscal Soledad Machuca en julio de 2024. Posteriormente, durante la segunda audiencia preliminar realizada en abril de 2025, Cristian Benítez y la fiscal Silvia González asumieron la representación del Ministerio Público y ratificaron la acusación que ya había sido formulada dentro de la causa.
Ese aspecto fue señalado por sectores vinculados al caso, que sostienen que Benítez no participó en la construcción original de la investigación, sino que asumió posteriormente la defensa de una acusación ya elaborada. Desde esa perspectiva, las críticas apuntan a que el representante fiscal se limitó a sostener la postura previamente fijada por el Ministerio Público.
El nombre de Cristian Benítez ya había adquirido notoriedad en otras investigaciones de alto impacto. Antes de incorporarse como agente fiscal, se desempeñó como relator del fiscal Aldo Cantero y posteriormente integró equipos que intervinieron en causas de fuerte repercusión política e institucional.
Su actuación también fue mencionada en el proceso seguido contra exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez y en otras investigaciones desarrolladas por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, antecedentes que volvieron a ser recordados a raíz del juicio contra Tania Irún.
La defensa de la exmagistrada sostiene, además, que la causa presenta un debate jurídico de fondo relacionado con el alcance del delito de prevaricato cuando la resolución cuestionada fue posteriormente confirmada por instancias superiores del Poder Judicial. Ese argumento forma parte de la estrategia planteada durante el juicio y será uno de los aspectos que el Tribunal deberá valorar al momento de dictar sentencia.
El expediente que dio origen a la causa penal tuvo como punto de partida un litigio civil por tierras en Alto Paraguay. A lo largo de casi una década, el conflicto atravesó distintas instancias judiciales, actuaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e investigaciones paralelas que involucraron a numerosos actores del sistema de justicia.
Entre ellos figura el exministro del Interior Carmelo Caballero, integrante del equipo jurídico de la Asociación Espíritu Santo, una de las partes que intervino en el litigio civil. Su participación, al igual que la de otros abogados y autoridades judiciales, volvió a formar parte de la discusión pública con el avance del juicio oral.
Mientras se aguarda el veredicto, el caso continúa generando debate no solo por la eventual responsabilidad penal atribuida a la exjueza, sino también por las implicancias institucionales que podría tener la decisión del Tribunal respecto al alcance de la actuación de los magistrados y del Ministerio Público en causas de alta complejidad.
