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La sentencia fue dictada por unanimidad por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Lourdes Garcete, quien presidió el colegiado, Rossana Maldonado y el juez Juan Ortiz, luego de concluir que durante el juicio el Ministerio Público demostró la responsabilidad del exfuncionario en las adjudicaciones irregulares realizadas en noviembre de 2012.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el proceso, Ortigoza autorizó la venta de 13 inmuebles rurales que abarcan unas 52.000 hectáreas en la zona de Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. La operación se concretó utilizando un valor por hectárea muy inferior al que establecía la normativa vigente para esa región.
El tribunal señaló que, mientras el precio oficial fijado para esas tierras ascendía a G. 109.500 por hectárea, las resoluciones firmadas por el entonces titular del Indert aplicaron un valor histórico de apenas G. 30.000 por hectárea, correspondiente a una referencia utilizada años antes. Esa diferencia generó un importante perjuicio económico para la institución.
Pese a la condena, los magistrados resolvieron mantener las medidas alternativas que Ortigoza cumple en esta causa hasta que la sentencia quede firme. La decisión obedece a que el exfuncionario ya permaneció privado de libertad durante un tiempo superior a la pena mínima prevista para el delito de lesión de confianza.
Esta no es la única condena que pesa sobre el ex titular del ente agrario. En diciembre de 2025 fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en otra investigación por adjudicaciones irregulares de tierras.
En ese expediente, la Fiscalía acreditó que durante diciembre de 2012 se adjudicó de manera irregular un inmueble de aproximadamente siete hectáreas a cinco personas que no reunían los requisitos para ser beneficiarias de la reforma agraria. El terreno correspondía en realidad a una fracción del Refugio Biológico Mbaracayú, perteneciente a Itaipú Binacional.
La investigación también comprobó que en los certificados de adjudicación se consignaron datos falsos respecto a la condición de los beneficiarios y que el expediente administrativo incluía dictámenes jurídicos que nunca fueron emitidos oficialmente.
Los fiscales sostuvieron que esas actuaciones permitieron beneficiar patrimonialmente a terceros mediante documentación pública con información falsa, ocasionando un daño económico al Estado.
Ortigoza permaneció prófugo de la Justicia durante más de seis años y fue localizado recién el 3 de julio de 2025 en un operativo policial desarrollado en el marco de una investigación contra el crimen organizado. Aunque el procedimiento no estaba dirigido inicialmente en su contra, su captura permitió reactivar las causas penales pendientes.
El exfuncionario encabezó el Indert entre 2012 y 2013, durante el gobierno de Federico Franco. Su salida de la institución se produjo luego de ser imputado por la compra presuntamente irregular de 5.747 hectáreas ubicadas entre Altos y Tobatí, operación valuada en más de G. 60.000 millones y que involucró a la empresa San Agustín, vinculada en ese momento al entonces presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto.
Con el paso de los años surgieron además otras investigaciones en su contra, entre ellas un proceso por presunta estafa relacionado con el intento de comercialización de un inmueble donde funciona el aeropuerto de Capitán Bado. Varias de esas causas quedaron demoradas debido a recursos planteados por la defensa y posteriormente por la condición de prófugo que mantuvo hasta su detención, aunque otros acusados vinculados a esos expedientes sí fueron juzgados y condenados.
