Cartistas del Senado no tienen aún votos para destrabar plan que habilita a expresidentes como senadores activos
Desde el propio bloque cartista en el Senado reconocen que la iniciativa figura en agenda, pero su discusión efectiva dependerá de que se completen los dictámenes pendientes y se consolide una mayoría que hoy no está asegurada. El senador Natalicio Chase admitió que las conversaciones recién están en etapa inicial y que todavía no existe una definición clara sobre la cantidad de votos disponibles para avanzar.
El legislador explicó que cualquier intento de tratar el proyecto requiere consensos previos dentro de las comisiones, algo que aún no se ha alcanzado, lo que deja en duda su inclusión real en la próxima sesión. La falta de acuerdo refleja las tensiones internas y las distintas posturas que persisten en torno a la interpretación constitucional del rol de los expresidentes.
El punto central del debate gira en torno al alcance del artículo 189 de la Constitución, que establece la figura de senador vitalicio para los exjefes de Estado, con voz pero sin voto. Mientras el oficialismo impulsa una reglamentación que permitiría a estos actores competir nuevamente por cargos electivos, sectores críticos sostienen que cualquier cambio en esa condición requiere una reforma constitucional y no una ley ordinaria.
Desde la bancada oficialista argumentan que la normativa apunta a evitar que quienes ejercieron la Presidencia queden excluidos de la vida política activa tras concluir su mandato. Según esa visión, el actual esquema limita innecesariamente la participación de dirigentes que aún tienen peso y proyección dentro del escenario político.
En esa línea, Chase cuestionó el diseño vigente al considerar que condena a los expresidentes a una especie de retiro forzado, pese a que muchos culminan su mandato en plena vigencia política. También criticó decisiones anteriores como el rechazo al juramento de Nicanor Duarte Frutos, interpretándolas como resoluciones de carácter político más que jurídico.
El debate, sin embargo, no se limita a la senaduría vitalicia. En paralelo, el Congreso analiza un proyecto de ley orientado a establecer mecanismos de protección para periodistas, iniciativa que también genera controversia. El oficialismo respalda que el sistema quede bajo la órbita del Ministerio del Interior, argumentando que es la institución encargada de la seguridad interna junto con la Policía Nacional.
Chase defendió el enfoque del proyecto y rechazó ampliar su alcance a otras categorías, como defensores de derechos humanos, al considerar que ello dificultaría su aplicación práctica. Señaló que incluso la definición de periodista resulta compleja en la actualidad, debido a la proliferación de plataformas digitales y la falta de criterios uniformes.
El legislador sostuvo que la propuesta busca otorgar una protección diferenciada al ejercicio del periodismo, estableciendo un mecanismo de atención prioritaria ante situaciones de riesgo. También minimizó las críticas sobre una eventual utilización discrecional del sistema, calificándolas como especulaciones sin sustento.
Finalmente, al ser consultado sobre la situación generada tras la asunción de Carlos Liseras en reemplazo de Hernán Rivas, indicó que existe un respaldo jurídico desde el Ejecutivo al procedimiento realizado, aunque reconoció que aún se aguarda una posición definitiva por parte de los asesores legislativos.
En este escenario, el oficialismo enfrenta dificultades para avanzar simultáneamente en dos frentes sensibles, con proyectos que generan divisiones internas y fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos.