PolíticaProyecto
El oficialismo en la Cámara de Senadores se alista para tratar en los próximos días un proyecto que busca reglamentar la figura de la senaduría vitalicia y, al mismo tiempo, habilitar nuevas posibilidades para los expresidentes dentro del sistema político. La iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de la Comisión de Legislación y Codificación presidida por el senador Derlis Maidana, figura en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria, con un dictamen mayoritario a favor de su aprobación con modificaciones.
El eje central de la propuesta es establecer con mayor precisión el alcance del artículo 189 de la Constitución, introduciendo mecanismos que permitan a los senadores vitalicios ejercer funciones dentro del Estado sin que exista una incompatibilidad automática. En ese sentido, el texto plantea que los expresidentes podrán ocupar cargos como ministros, embajadores u otros puestos en la administración pública, siempre que cuenten con la autorización previa de la Cámara de Senadores.
Otro de los puntos clave del proyecto es la habilitación para que los exmandatarios puedan volver a competir por cargos electivos. Para ello, se establece que deberán renunciar a su condición de senadores vitalicios con una anticipación mínima de seis meses antes de las elecciones generales. Esa dimisión deberá ser aceptada por mayoría simple del Senado para que la postulación quede formalmente habilitada, con la única limitación de que no podrán aspirar nuevamente a la Presidencia de la República.
La normativa también fija criterios sobre quiénes podrán acogerse a estos beneficios. El alcance quedaría restringido a aquellos que hayan sido electos como presidentes, dejando fuera a quienes accedieron al cargo por otras vías. En ese escenario, figuras como Fernando Lugo y Federico Franco no serían alcanzadas por la reglamentación, mientras que sí podrían verse beneficiados expresidentes como Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y Mario Abdo Benítez.
El proyecto incorpora además disposiciones disciplinarias que facultan al Senado a aplicar sanciones a los senadores vitalicios en caso de inconducta. Estas van desde amonestaciones hasta suspensiones temporales, lo que implicaría la pérdida de derechos y funciones durante el periodo de sanción. Incluso se contempla la posibilidad de remoción o pérdida de investidura, en concordancia con lo establecido en la Constitución, particularmente en casos de uso indebido de influencias debidamente comprobado.
La iniciativa se instala en medio de un escenario político marcado por tensiones y debates sobre el rol de los expresidentes y los alcances de sus privilegios institucionales. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de reglamentar una figura que consideran ambigua, sectores críticos advierten que el proyecto podría abrir la puerta a una concentración de poder y a la reconfiguración del sistema político en favor de liderazgos ya consolidados.
