Cartismo blinda a la OPACI y bloquea intento de cortar sus millonarios ingresos sin control
La propuesta, impulsada por el diputado liberal independiente Miguel Martínez, pretendía eliminar los cobros que realiza la Opaci en nombre de los municipios por servicios que podrían ser gestionados directamente por cada comuna. El legislador denunció que detrás de estos cobros compulsivos existe una estructura montada para financiar campañas políticas y enriquecer a sectores ligados al oficialismo. "Este negocio es de millones, y quieren seguir prendidos", arremetió Martínez, asegurando que la organización recauda más de 5 millones de dólares al año, de los cuales un porcentaje iría supuestamente a fines electorales.
Durante el acalorado debate, Martínez elevó el tono y apuntó directamente contra el oficialismo colorado, acusando a la Opaci de actuar como una fachada de negocio para favorecer a un pequeño grupo vinculado al cartismo. "Esto es un sistema diseñado para saquear a la ciudadanía con una ONG que hace lo que ningún municipio puede hacer, como si fueran extraterrestres. Y todo manejado por los colorados y su senador estrella, 'Bachi' Núñez", ironizó el legislador, antes de ser interrumpido por el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, quien le cortó la palabra y lo llamó al orden.
La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, también fue categórica. Definió a la Opaci como una de las instituciones más opacas del país, que se beneficia de fondos públicos sin rendición de cuentas ni control estatal. Recordó que solo por el cobro de registros se estima una recaudación anual de G. 20.000 millones y que, pese a los reiterados pedidos de informes desde la Cámara Baja, la entidad ha ignorado los requerimientos. "Nos están tomando el pelo", afirmó, señalando que la "Comisión Garrote", conformada por mayoría cartista, fue incapaz de avanzar en una investigación seria y actuó con total permisividad hacia la organización.
Por su parte, el diputado independiente Raúl Benítez no escatimó en calificativos. Describió a la Opaci como el "parque de diversiones de la corrupción", una estructura blindada, sin mecanismos de fiscalización y con recursos asegurados. Cuestionó que haya parlamentarios con vínculos directos con la organización, entre ellos el cartista Avelino Dávalos, cuya esposa forma parte de la Opaci, lo que en su criterio constituye un claro conflicto de intereses.
Pese a que el proyecto no fue archivado gracias al retiro de la bancada opositora, su futuro parece incierto. La mayoría colorada en la Cámara de Diputados anticipa un congelamiento que podría dejar sin efecto cualquier intento de reformar el funcionamiento de esta organización, señalada por manejar millonarios fondos públicos sin ningún tipo de control institucional. La decisión alimenta las sospechas sobre el uso político de recursos provenientes de los contribuyentes en todo el país y refuerza las críticas hacia lo que muchos consideran un modelo clientelar disfrazado de cooperación intermunicipal.
