Campaña arranca en medio de denuncias por propaganda ilegal y silencio fiscal
El inicio formal de la campaña se da en un clima marcado por cuestionamientos a la inacción del Ministerio Público frente a evidentes casos de promoción anticipada.
De acuerdo con el cronograma del Tribunal Superior de Justicia Electoral, este lunes vence el plazo para que los órganos electorales de los partidos y movimientos confirmen la inscripción de sus precandidatos. A partir del día siguiente queda autorizado el despliegue de publicidad proselitista en la vía pública, radio, televisión y otros soportes, etapa que se extenderá hasta el 4 de junio, tres días antes de que las nucleaciones definan a sus postulantes a intendentes y concejales en los 263 distritos del país para el periodo 2026-2031. Las elecciones municipales generales están previstas para el 4 de octubre.
Sin embargo, el debate público ya se instaló mucho antes del calendario oficial. En la capital y otras ciudades del área metropolitana se observaron estructuras de gran porte promoviendo candidaturas, incluso con tecnología digital de alto impacto visual. Entre los nombres más visibles en Asunción figuran los de Camilo Pérez y Arnaldo Samaniego, ambos en la puja por la intendencia dentro de la ANR, además del aspirante a la Junta Municipal Marcelo Centurión, todos con presencia anticipada en espacios públicos.
Las críticas apuntan directamente al Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, y a la fiscala electoral Sandra Ledesma, a quienes se les reprocha no haber impulsado investigaciones contra los responsables de la publicidad fuera de tiempo. El antecedente más reciente citado por dirigentes opositores fue la remisión de notas a intendencias para que retiren carteles, en lugar de accionar contra los movimientos y precandidatos que ordenaron o financiaron la propaganda.
La legislación vigente es clara. La Ley 834/96 establece en sus artículos 324 y 328 sanciones que incluyen penas privativas de libertad y multas para quienes realicen actos de campaña antes del periodo autorizado o una vez concluido el mismo. Pese a ello, hasta el momento no se conocen imputaciones vinculadas a los casos más notorios.
Con el reloj electoral en marcha, el arranque formal de la campaña encuentra a los partidos ya posicionados en la calle y a la Fiscalía bajo cuestionamientos por una supuesta permisividad que, según denuncian sectores políticos y ciudadanos, debilita el principio de igualdad en la competencia. Las próximas semanas pondrán a prueba no solo la intensidad de la disputa interna, sino también la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las reglas del juego.