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La captura de Sebastián Marset en Bolivia y su traslado inmediato a los Estados Unidos cierran, al menos en lo operativo, uno de los capítulos más largos y desafiantes de la lucha regional contra el crimen organizado. Pero el final de la fuga del uruguayo no clausura la historia: la devuelve con más fuerza sobre Paraguay, donde se montó una parte central de su engranaje, donde cayó el operativo A Ultranza Py, donde su esposa sigue procesada y presa, y donde la política terminó salpicada por una de las tramas de lavado y protección más explosivas de los últimos años.
Durante años, Marset consiguió algo que muy pocos capos logran: moverse entre países, usar identidades falsas, montar fachadas empresariales, infiltrarse en circuitos legales y deportivos, y convertir su nombre en sinónimo de humillación para los sistemas de control de la región. Su caída en Santa Cruz de la Sierra no solo golpea a un prófugo de alto valor para la DEA, sino que reabre preguntas incómodas sobre cuánto de su estructura sobrevivió, quiénes se beneficiaron en Paraguay y cuántas piezas locales siguen todavía fuera del foco penal o político.
La caída del fugitivo que desafió a toda la región
Marset fue detenido este viernes 13 de marzo en Bolivia en un operativo que, según las autoridades bolivianas, no dejó heridos ni muertos. Poco después fue expulsado y enviado a Estados Unidos. La captura fue presentada por el Gobierno boliviano como un punto de inflexión en la lucha regional contra las mafias, y coincidió con la reciente reanudación de la cooperación operativa entre Bolivia y la DEA tras 17 años de interrupción. En el expediente estadounidense, Marset ya estaba acusado por lavado de dinero, y el Departamento de Estado había ofrecido hasta 2 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su arresto o condena.
No era un objetivo menor. Estados Unidos lo ubicaba como un presunto articulador de una estructura capaz de mover toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y de lavar millones a través del sistema financiero internacional. Solo en un episodio de enero de 2021, según la acusación federal, se le adeudaban más de 17 millones de euros por un solo cargamento de cocaína, y parte de ese dinero terminó siendo lavado usando bancos estadounidenses. Ese dato ayuda a dimensionar por qué su captura terminó orbitando rápidamente hacia Washington y no quedó circunscripta a Bolivia o Paraguay.
Más que un prófugo, Marset se convirtió en un símbolo de la mutación del narcotráfico sudamericano: menos rudimentario, más corporativo, más transnacional, más mezclado con empresas de pantalla, operaciones financieras y vínculos sociales de alto nivel. Su historia ya había provocado un escándalo internacional cuando en 2021, estando detenido en Dubái con documentación paraguaya falsa, recibió un pasaporte uruguayo que le permitió salir legalmente de Emiratos Árabes Unidos, episodio que terminó con renuncias de altos funcionarios en Uruguay.
Paraguay, el corazón de una estructura de negocios, lavado y cobertura
Aunque Marset construyó una ruta criminal regional, Paraguay aparece como uno de los territorios más decisivos de su expansión. Aquí no solo montó parte del andamiaje para el tráfico y el lavado, sino también una puesta en escena para aparentar legalidad: empresario de espectáculos, hombre del fútbol y figura con capacidad de moverse detrás de sociedades comerciales. La hipótesis fiscal sobre la firma Mastian Productions fue precisamente esa: una fachada para justificar ingresos y dar apariencia lícita a recursos del narcotráfico.
La causa A Ultranza Py, lanzada en 2022, fue la gran ruptura de ese esquema. La investigación permitió exponer una red que, según los investigadores, operaba el envío de cocaína a Europa y reciclaba ganancias mediante empresas, inmuebles, ganadería, aeronaves y otros activos. Fue presentada como la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay, con más de 100 allanamientos, decenas de objetivos, y decomisos que incluyeron 71 inmuebles, cerca de 6.000 cabezas de ganado, 10 avionetas y 30 camiones. Además, el caso se alimentó de antecedentes de incautaciones de unos 21.000 kilos de cocaína en puertos europeos entre 2020 y 2021.
Eso es lo que vuelve tan potente la caída de Marset hoy: no se trata únicamente de la detención de un narco célebre, sino de la captura del nombre que estaba en la cima de una estructura cuya ramificación en Paraguay fue lo suficientemente profunda como para mezclarse con actividades comerciales aparentemente normales, operadores logísticos, financistas y actores con acceso al poder. A Ultranza no fue solo una redada; fue la radiografía de cómo el dinero narco intentó incrustarse en la economía legal y tocar la política.
La esposa presa, los hijos en Paraguay y el círculo íntimo como punto de presión
El arresto de Marset también vuelve a colocar en primer plano a su familia instalada en Paraguay. Su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en España en julio de 2024, extraditada a Paraguay en mayo de 2025 y desde entonces permanece privada de libertad por un proceso de presunto lavado de dinero ligado a A Ultranza. La investigación la señala por la constitución de sociedades comerciales utilizadas para insertar dinero ilícito en el circuito formal.
En las últimas semanas, además, su situación se endureció. Fue trasladada al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, en Emboscada, y la Justicia rechazó un hábeas corpus con el que su defensa pretendía cuestionar sus condiciones de reclusión. Paralelamente, se conocieron informes sobre incidentes disciplinarios, amenazas durante su traslado y restricciones en su régimen de visitas.
El dato más sensible para Paraguay, sin embargo, no es solo que la esposa esté presa, sino que los cuatro hijos de la pareja y los padres de ella llegaron al país en mayo de 2025. La propia Senad admitió entonces que la presencia del círculo íntimo de Marset en territorio paraguayo debía ser leída como una señal de alerta, precisamente porque el capo había mostrado una fuerte dependencia de su entorno familiar. También se informó sobre pedidos de visita de otros allegados, incluidos suegros, sobrinos y hermanos.
Ese elemento ayudó a sostener durante meses la sospecha de que Paraguay seguía siendo mucho más que una jurisdicción judicial para Marset: era un punto de anclaje emocional, logístico y patrimonial. En otras palabras, aunque el prófugo se moviera por Bolivia, Brasil, Colombia o Venezuela, gran parte de las cuerdas más sensibles de su vida seguían tensadas desde aquí.
Erico Galeano y la frontera rota entre política y estructura criminal
Ningún capítulo refleja mejor el alcance político del caso que el del senador Erico Galeano. El 4 de marzo de 2026 fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos y asociación criminal en una derivación de A Ultranza. El tribunal dio por probados sus vínculos con la estructura encabezada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
La condena no fue por una cercanía difusa ni por una foto social. Según lo establecido en el juicio, Galeano ocultó un inmueble en Aqua Village, recibió 1 millón de dólares en efectivo en una operación sin trazabilidad y cooperó con la organización criminal en el período 2020-2021. También se dio por probado que la aeronave de su propiedad fue usada por Marset el 30 de diciembre de 2020 para trasladarse de Ciudad del Este a Asunción, en un momento en que la estructura ya tenía aeronaves incautadas. El tribunal sostuvo además que parte del dinero de origen ilícito fue invertido en el Club Deportivo Capiatá, donde Marset llegó a jugar mientras Galeano figuraba como presidente.
Ese tramo es devastador para la lectura institucional del caso. Porque ya no se trata solo de un senador condenado por hechos vinculados al narcotráfico, sino de la constatación judicial de que un dirigente con poder político, exposición pública y capacidad de influir en decisiones del Estado terminó prestando apoyo a una organización transnacional y recibiendo dinero derivado de esa actividad.
Y, aun así, el sistema político no reaccionó con una ruptura contundente. Dos días después de la condena, el Senado le concedió permiso sine die sin goce de dieta, con votos del cartismo, colorados disidentes y liberocartistas. Asumió en su reemplazo Guadalupe Aveiro. La decisión fue denunciada por sectores opositores como un blindaje político en lugar de una depuración institucional.
Ese movimiento parlamentario es central para entender el momento actual: Marset cae, pero la discusión de fondo en Paraguay pasa por determinar si con él también caerán las protecciones que su trama dejó sembradas. La pregunta ya no es solamente quién traficó o lavó, sino quién toleró, quién facilitó, quién miró a otro lado y quién sigue apostando a administrar el escándalo en vez de desmontarlo.
El verdadero legado de A Ultranza
A Ultranza Py fue, en rigor, mucho más que un megaoperativo. Fue el momento en que Paraguay vio de forma descarnada cómo el crimen organizado había dejado de ser apenas una amenaza de frontera para convertirse en una estructura con vocación empresarial, capacidad transnacional y penetración social. La red no se limitaba a mover cocaína: necesitaba empresas, testaferros, clubes, aeronaves, propiedades, operadores financieros y vínculos con personas influyentes para sobrevivir.
Por eso la captura de Marset no liquida el caso, sino que le da una nueva fase. En Paraguay queda pendiente saber qué puede aportar él si habla, qué información puede cruzarse con expedientes ya abiertos, y hasta dónde puede llegar la onda expansiva sobre causas que hoy aparecen fragmentadas. El propio presidente del Congreso admitió este viernes que la situación de Galeano podría revisarse si la detención de Marset trae nuevas revelaciones.
También queda abierta la disputa por la jurisdicción. Mientras Bolivia lo remitió de inmediato a Estados Unidos y ese país ya tenía una acusación vigente por lavado, el Ministerio Público paraguayo anunció que igualmente impulsará el pedido de extradición para que responda ante la Justicia local por A Ultranza. Ese choque de intereses confirma algo esencial: Marset dejó huellas en demasiados países como para que su expediente pertenezca a una sola fiscalía.
El cierre de una cacería, no de una historia
La caída de Sebastián Marset tiene un valor simbólico enorme porque derriba la idea de invulnerabilidad que él mismo construyó durante años. Fue el narco que escapó, el que se movió con documentos falsos, el que exhibió vida de empresario, el que tensó a gobiernos, policías y fiscalías, y el que convirtió su nombre en un espejo incómodo para varios países. Pero su arresto no clausura la trama: más bien la desnuda.
En Paraguay, ese desenlace obliga a mirar menos al fugitivo y más a la estructura que logró echar raíces aquí. La esposa presa, los hijos y suegros en territorio paraguayo, el esquema societario montado para lavar activos, los operadores que siguieron activos incluso desde prisión y la condena de un senador por nexos con esa red muestran que el caso Marset nunca fue solo la historia de un hombre en fuga. Fue, sobre todo, la historia de cómo el narcotráfico buscó instalarse con rostro legal, relaciones útiles y cobertura política en el corazón mismo del país.
