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La polémica por la adjudicación de una vivienda del MUVH al senador Javier "Chaqueñito" Vera terminó este miércoles en una escena que condensó varias de las peores prácticas de la política: cuestionamientos por presunto tráfico de influencias, sospechas de favoritismo en el acceso a programas estatales, acusaciones cruzadas, insultos en plena sede legislativa y, finalmente, una mayoría cartista y aliada que bloqueó la pérdida de investidura del legislador. El episodio dejó al descubierto no solo el costo político del caso, sino también el deterioro del debate en la Cámara Alta.
La controversia venía escalando desde días atrás, cuando se conoció que Vera accedió a un departamento en el edificio Las Residentas I, en Luque, dentro del programa de Viviendas Económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. El inmueble fue adjudicado por G. 370 millones, con financiación a 20 años y tasa del 7%, en un proceso que el oficialismo defendió como legal, pero que para la oposición representó un caso evidente de uso indebido de influencias y un desvío del espíritu de un programa pensado para ampliar el acceso a la vivienda.
Un antecedente que ya marcaba el clima político fue la resolución aprobada el martes en Diputados, donde incluso con acompañamiento amplio se instó a dejar sin efecto adjudicaciones cuestionadas del mismo proyecto, incluyendo la de Chaqueñito, la del hermano y el sobrino de la senadora Zenaida Delgado, y la del secretario privado del propio ministro Juan Carlos Baruja. Esa señal de la Cámara Baja no tuvo fuerza vinculante, pero sí anticipó que el escándalo ya había traspasado la frontera entre oposición y oficialismo.
La defensa de Baruja y el centro del escándalo
Baruja acudió este miércoles ante el Senado para explicar el proceso de adjudicación y sostener que todo se hizo dentro de la normativa. Su principal línea de defensa fue distinguir entre viviendas sociales y viviendas económicas: las primeras, destinadas a sectores vulnerables; las segundas, orientadas a trabajadores formales del sector público y privado. También afirmó que el proyecto fue publicitado, que hubo 80 interesados, 18 ofertas y que las adjudicaciones se sustentan en reglamentos vigentes.
Sin embargo, la explicación oficial no desactivó el núcleo de la crítica. Sobre Vera pesó especialmente el dato de que el trámite de adjudicación cuestionado se resolvió en 16 días, en medio de denuncias de trato privilegiado y de cambios reglamentarios que habrían flexibilizado los requisitos de acceso. Baruja negó que se hayan modificado reglas para beneficiar al senador y sostuvo que la eliminación del tope salarial había sido anterior al pedido de Vera, aunque distintas coberturas remarcaron contradicciones oficiales sobre la fecha exacta de esa modificación.
Otro elemento que agravó el caso fue la discusión sobre el perfil del beneficiario. Diversos senadores y medios remarcaron que el programa de Viviendas Económicas estaba dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones, mientras que Vera percibe más de G. 37 millones como senador. A eso se sumó que, según se hizo público, el legislador incluso habría elegido su departamento por teléfono en 48 horas, lo que alimentó la percepción de que hubo privilegios incompatibles con cualquier criterio de igualdad de acceso.
Baruja intentó mantener la defensa jurídica del procedimiento, pero dejó abierta una salida administrativa: dijo que ya ordenó una verificación habitacional y que el contrato podría rescindirse si se comprueba incumplimiento, ya sea por falta de pago o por no vivir en el departamento. Esa aclaración cobró más peso porque ya había trascendido que Vera admitió que quien reside en el inmueble sería su sobrino. Es decir, aun mientras el oficialismo blindaba políticamente al senador, el propio ministerio reconocía que existían causales que, de confirmarse, podrían comprometer la adjudicación.
La reunión que derivó en insultos y corte de transmisión
Antes de la definición en el pleno, la jornada ya había quedado marcada por un bochorno institucional. En la reunión de mesa directiva con líderes de bancada y con Baruja presente, la senadora Yolanda Paredes elevó el tono y acusó directamente al cartismo de actuar con corrupción y tráfico de influencias. También apuntó contra Zenaida Delgado por la adjudicación a familiares y cuestionó que personas sin el perfil del programa hubieran resultado beneficiadas.
La tensión subió de golpe cuando Paredes trató de "delincuentes" a senadores oficialistas. Basilio Núñez, presidente del Congreso, intentó primero frenar el cruce recordando que la reunión estaba siendo transmitida en vivo, pero terminó respondiendo con dureza. "No se va a referir así a nosotros... usted es la delincuente", le espetó a la legisladora, antes de cortar abruptamente tanto la reunión como la transmisión pública. El episodio resumió la degradación del clima político: el ministro había ido a explicar una adjudicación bajo sospecha y la escena terminó convertida en una batalla de agravios entre senadores.
Lejos de descomprimirse, el conflicto se trasladó después al espacio de oradores. Juan Carlos "Nano" Galaverna tomó la palabra para contraatacar a Paredes con denuncias sobre la supuesta venta de derechos de una vivienda vinculada a Itaipú, cuestionó ingresos presuntamente no declarados y dejó planteada la intención de pedir intervención de la Contraloría. Paredes respondió que se trataba de una maniobra para silenciarla por haber impulsado el pedido contra Vera, desafió a que la investiguen y sostuvo que no se iba a arrodillar ni a callar.
La pérdida de investidura que nació sin números
El expediente contra Vera llegó al pleno ya debilitado políticamente. Aunque el caso generó amplio ruido público, el pedido de pérdida de investidura apenas reunió seis firmas entre 45 senadores. Los firmantes fueron Yolanda Paredes, Walter Kobylansky, Celeste Amarilla, Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain. La escasez de respaldos mostraba de antemano que el oficialismo y sus aliados habían cerrado filas para impedir una sanción mayor.
Aun así, la oposición insistió en que el caso configuraba uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Su argumento político fue que Vera no había accedido a una oportunidad común abierta en igualdad de condiciones, sino a un beneficio estatal atravesado por información privilegiada, reglas flexibilizadas y una velocidad de trámite incompatible con la experiencia del ciudadano de a pie. También se puso sobre la mesa que el escándalo no se limitaba al senador, sino que alcanzaba a personas cercanas al poder político y al propio entorno del ministro.
La mayoría cartista y sus aliados rechazaron esa lectura y presentaron el intento de destitución como una condena política sin pruebas suficientes. El resultado fue contundente: 23 votos en contra de la pérdida de investidura, 6 a favor y 6 abstenciones. El pedido fue archivado. Con eso, Vera volvió a sobrevivir políticamente en el Senado, tal como ya había ocurrido en otros episodios que lo habían dejado al borde de sanciones más severas.
