Blindan la fiesta VIP: Justicia prohíbe difundir imágenes de millonaria fiesta de hija de gobernadora
La resolución, firmada por la jueza interina Angélica María González Samaniego, hace lugar parcialmente a una solicitud de protección y ordena impedir la difusión de cualquier material que individualice a la menor, tanto en redes sociales como en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o digitales. La disposición se sustenta en la necesidad de resguardar el derecho a la intimidad y la dignidad de la adolescente, bajo apercibimiento de remitir antecedentes al Ministerio Público en caso de incumplimiento.
La decisión judicial se da en medio de una fuerte polémica pública por el nivel de gastos atribuido al festejo. La gobernadora Liz Meza (ANR-HC) salió al paso de las críticas y rechazó las versiones que señalaban un costo de G. 2.000 millones. Afirmó que el presupuesto estimado ronda entre G. 500 y G. 600 millones y sostuvo que se trata de un evento financiado con recursos familiares.
En conferencia de prensa, Meza compareció junto a su esposo, el contador Nelson Rivas, quien explicó que recurrieron a dos préstamos bancarios de G. 500 millones cada uno para cubrir compromisos vinculados a la organización. La jefa departamental insistió en que no hubo uso de fondos públicos y calificó las acusaciones como parte de una "persecución política". "Mi hija no tiene la culpa de que yo haya decidido dedicarme al servicio público", expresó.
El festejo contempla una ceremonia religiosa realizada días atrás y una recepción central programada para el sábado, con una lista cercana a los 500 invitados. También trascendió que la adolescente realizó una producción fotográfica en el Hotel das Cataratas, en Foz de Yguazú. La gobernadora aclaró que no se alojaron en el lugar y que solo ingresaron para la sesión de fotos.
La controversia también reavivó cuestionamientos sobre la evolución patrimonial de Meza. De acuerdo con sus declaraciones juradas, en 2012 registraba un patrimonio neto de G. 600 millones y, al asumir la Gobernación en 2023, declaró bienes por G. 2.982 millones.
Mientras el debate continúa en el ámbito político y ciudadano, la orden judicial busca poner un límite a la exposición pública de la adolescente y evitar que la discusión sobre el origen y magnitud de los gastos termine vulnerando sus derechos.