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La maniobra se concretó en la Comisión Permanente del Congreso, donde legisladores del cartismo dejaron sin quórum la sesión y postergaron por al menos dos semanas el tratamiento de la iniciativa.
El proyecto había sido presentado por el diputado Miguel Martínez, quien solicitó que el presidente Santiago Peña disponga la remoción de Jara ante la pérdida de confianza pública y las observaciones formuladas por el órgano contralor. Sin embargo, la mayoría oficialista optó por dilatar el debate y evitar una definición política.
Desde la oposición sostienen que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada. Jara ya había esquivado pedidos de informes de gestión tanto en Diputados como en Senadores, donde las solicitudes fueron rechazadas o enviadas a comisiones para enfriar el tema. La estrategia, según denuncian, apunta a ganar tiempo y a blindar al funcionario mientras se acumulan las dudas sobre su administración.
A las observaciones técnicas se suman los cuestionamientos públicos que involucran a su pareja, la diputada Johana Vega, también vinculada al sector cartista. Ambos fueron señalados por no aclarar inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, situación que continúa pendiente ante la Contraloría.
El legislador Martínez fue tajante al denunciar que "no puede seguir al frente de una empresa estatal alguien sospechado de manejar recursos públicos de forma irregular", y acusó al Gobierno de tolerar figuras que funcionan como recaudadores políticos dentro de las instituciones. Para el diputado, la protección parlamentaria a Jara es una señal de impunidad que erosiona la credibilidad del Ejecutivo.
Mientras el debate político se estanca, el caso sigue generando ruido en la opinión pública. La pareja fue blanco de críticas por la exhibición de un alto nivel de vida, con viajes, celebraciones y gastos que contrastan con la falta de explicaciones oficiales sobre el origen de esos recursos. En los últimos días trascendió que ambos se encuentran de vacaciones en una exclusiva residencia de verano en San Bernardino, alquilada por una suma que reavivó la polémica.
Por ahora, el pedido de destitución quedó archivado temporalmente. El cartismo volvió a imponer su mayoría y Jara, una vez más, logró mantenerse en el cargo sin dar respuestas de fondo. La incógnita es si el tema volverá a instalarse con fuerza cuando se cumpla el nuevo plazo o si el blindaje político seguirá siendo suficiente para sostenerlo al frente de Petropar.
