PolíticaAlegan graves irregularidades
La iniciativa es impulsada por el legislador liberal Miguel Martínez, quien sostiene que la permanencia del funcionario resulta insostenible ante la pérdida de confianza y los reiterados cuestionamientos a su gestión al frente de una empresa considerada estratégica para el Estado.
El planteamiento ingresó formalmente a la Comisión Permanente, presidida por el senador Colym Soroka, pero no fue tratado en la sesión debido a la falta de respaldo mayoritario. Martínez anticipó que insistirá con el pedido y que volverá a fundamentarlo en la próxima reunión, convencido de que el Gobierno debe asumir una decisión política inmediata sobre la conducción de la petrolera estatal.
El legislador fundamenta su solicitud en las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, que detectó inconsistencias relevantes en la administración y en la situación patrimonial del titular de Petropar. A su criterio, estas irregularidades comprometen la transparencia y la credibilidad de la empresa, y obligan al Ejecutivo a intervenir para resguardar el interés público y garantizar una rendición de cuentas efectiva.
Entre los puntos señalados se mencionan montos elevados en concepto de viáticos, que ascienden a alrededor de G. 130 millones, sin que existan registros migratorios que respalden las supuestas salidas del país. A esto se suma la variación llamativa en la valuación de bienes inmuebles declarados, con cifras que fueron modificándose en distintas presentaciones hasta registrar incrementos millonarios en un corto periodo de tiempo.
Otro aspecto que alimenta la controversia es el desbalance entre ingresos y egresos consignados en la declaración jurada del titular de Petropar. Según los datos expuestos, entre setiembre de 2023 y 2025 se reportaron compras y gastos por más de G. 3.000 millones, mientras que los ingresos salariales en ese mismo lapso rondaron los G. 1.100 millones, generando un déficit financiero que supera ampliamente los G. 1.900 millones.
Martínez también recordó que, en el periodo legislativo anterior, sectores afines al oficialismo bloquearon pedidos de informes destinados a conocer con mayor profundidad la situación patrimonial de Jara, lo que, a su entender, configuró un esquema de blindaje político. En declaraciones públicas, el diputado fue aún más duro al afirmar que insistirá con la destitución de un funcionario al que calificó de corrupto y cuya permanencia en un cargo sensible, como el de Petropar, considera inadmisible.
La controversia se ve amplificada además por el foco mediático sobre el entorno del titular de la petrolera, en particular por la exposición pública del alto nivel de vida de su pareja, la diputada Johana Vega, y por vínculos familiares que también ocupan espacios en la arena política local, elementos que refuerzan las sospechas de uso indebido de recursos y de tráfico de influencias.
Mientras el proyecto avanza lentamente en el Congreso, la presión queda ahora del lado del presidente Santiago Peña, a quien el impulsor del pedido reclama una definición clara sobre la continuidad de Jara al frente de Petropar. La decisión, advierten desde la oposición, será una señal concreta sobre el compromiso del Gobierno con la transparencia y la responsabilidad en la gestión de las empresas públicas.
