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La reforma del sistema de transporte público metropolitano volvió a instalarse en el centro del debate político tras la audiencia pública celebrada este jueves en la Cámara de Diputados. La normativa, que ya cuenta con media sanción del Senado en un trámite acelerado, fue cuestionada por sectores sindicales que denunciaron exclusión en la discusión y amenazaron con ir a la huelga, lo que obligó al oficialismo a ralentizar el proceso en la Cámara Baja y abrir un espacio de participación más amplio. La audiencia expuso una coincidencia generalizada sobre la urgencia de cambiar el modelo, pero también marcadas diferencias sobre el camino para lograrlo.
Una prioridad política en Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, abrió el encuentro reconociendo que la reforma del transporte es una prioridad impostergable. Señaló que el sistema actual no brinda satisfacción a los ciudadanos, que pierden horas esperando colectivos inseguros y abarrotados. "Es tiempo de decir basta", expresó, aunque subrayó que la discusión no se hará "a tambor batiente", sino con la apertura necesaria para escuchar a todos los sectores involucrados antes de tomar decisiones definitivas.
El diagnóstico técnico: un modelo obsoleto
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, planteó un diagnóstico severo: el sistema vigente está basado en estructuras obsoletas que vuelven improductiva cualquier inyección de recursos públicos. Según afirmó, la calidad del servicio debe ser el eje de la transformación, con un rediseño integral de la gestión que permita al Estado asumir una rectoría real sobre el transporte metropolitano. El objetivo es terminar con superposiciones institucionales y establecer un modelo eficiente y sostenible.
Los empresarios y la defensa de artículos claves
El sector empresarial también tuvo voz a través de Freddy González, representante de la Federación de Empresas de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM). Manifestó el respaldo de los transportistas a la reforma, destacando la renovación de flota y las innovaciones que plantea el proyecto, pero pidió mantener sin modificaciones los artículos 20, 39 y 45, que ya fueron aprobados por el Senado y que, según sostuvo, brindan previsibilidad a los operadores. Para los empresarios, esos artículos resultan fundamentales para garantizar la estabilidad del negocio.
La mirada sindical: transporte como derecho y defensa de los trabajadores
Desde la Asociación Paraguaya de Transportistas, su vicepresidente Adán Coronel remarcó que el transporte público no puede ser considerado un privilegio, sino un derecho esencial para los trabajadores y la ciudadanía. Insistió en que la reforma debe contemplar de manera real las condiciones laborales de los choferes, quienes sostienen día a día el servicio. Recordó que la huelga prevista semanas atrás fue suspendida únicamente por el compromiso asumido en Diputados de abrir un debate más inclusivo y revisar los artículos conflictivos.
Consensos y fisuras
La audiencia dejó un punto de coincidencia entre autoridades, empresarios y sindicatos: el modelo actual está agotado y el país necesita una reforma inmediata. Sin embargo, las fisuras aparecen en la definición de la rectoría institucional, en la discusión de los artículos clave y en la falta de garantías laborales explícitas en el texto. El oficialismo insiste en que el proceso será abierto y flexible, pero los gremios mantienen en reserva su plan de lucha y advierten que, sin cambios, la huelga volverá a agenda.
Lo que viene
Diputados deberá analizar en detalle el proyecto y resolver cómo compatibilizar los intereses de empresarios y trabajadores con la rectoría estatal que propone el Ejecutivo. El desafío será traducir el consenso sobre la urgencia en una normativa concreta que realmente mejore la experiencia de los usuarios, reduzca los tiempos de espera, garantice condiciones laborales dignas y evite que la reforma sea recordada como otra ley hecha al apuro y con promesas incumplidas.
