Apuro en Diputados frena un debate amplio sobre la reforma del transporte
La propuesta busca otorgar mayor control al Viceministerio de Transporte y actualizar la Ley Nº 1590/2000, pero la falta de un debate extenso encendió críticas de distintos sectores.
El viceministro Emiliano Fernández salió en defensa del planteamiento oficial, mientras organizaciones de usuarios y empresarios manifestaron reparos. La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana cuestionó que la iniciativa no contemple un plan de acción detallado para su implementación.
El gremio de empresarios del área metropolitana sostuvo que, con las tarifas actuales, apenas se podrían incorporar buses usados, lo que contradice la promesa de renovación de la flota. Desde Cetrapam, Lorena Segovia señaló que la propuesta restringe derechos laborales al limitar los paros totales, además de carecer de precisión sobre el mecanismo para definir tarifas y de garantías sobre compensaciones a trabajadores en caso de quiebras empresariales.
La Central Nacional de Trabajadores fue más dura y calificó las promesas del Gobierno como vacías, asegurando que la reforma está más orientada a favorecer intereses económicos que a mejorar el servicio para los pasajeros.
Fernández respondió que el proyecto ya contempla un artículo con un esquema de aplicación y mencionó la creación de un fondo fiduciario que se nutrirá tanto de recargas electrónicas como de subsidios estatales. Según el viceministro, también se busca una tarifa técnica capaz de atraer capital privado, incluso extranjero.
En cuanto a las medidas sindicales, el texto declara al transporte como un servicio esencial, lo que obliga a garantizar un mínimo de circulación durante huelgas. Paralelamente, el diputado Raúl Benítez planteó la desaparición de Dinatran y el traspaso de sus funciones al Viceministerio para centralizar la gestión.
El tratamiento exprés dejó en evidencia la falta de consensos en temas cruciales como la fijación de tarifas, la protección de los derechos laborales y la transparencia en los procesos de control, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el rumbo que tomará la reforma.