PolíticaPor lavado de dinero
El juzgado de garantías resolvió postergar para el próximo 23 de julio la audiencia de imposición de medidas del exsenador argentino Edgardo Kueider y su compatriota Iara Guisnel, ambos imputados por supuesto lavado de dinero en una investigación relacionada con la adquisición de departamentos en Asunción con fondos de presunto origen ilícito.
La suspensión fue solicitada por las defensas de los procesados, quienes argumentaron que tenían audiencias previamente fijadas en otras causas. El juez Humberto Otazú hizo lugar al pedido y estableció una nueva fecha para la diligencia judicial.
Kueider y Guisnel fueron recientemente condenados en otra causa por tentativa de contrabando y ahora enfrentan una investigación en Paraguay tras una imputación presentada por las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Las agentes fiscales solicitaron para ambos procesados la aplicación de arresto domiciliario, al considerar que existirían elementos que los vinculan con operaciones destinadas a introducir dinero de supuesto origen ilícito dentro del sistema comercial y financiero paraguayo.
De acuerdo con la investigación, los fondos habrían sido utilizados para la compra de unidades inmobiliarias en el Edificio Innova Las Mercedes, en Asunción.
A pedido del Ministerio Público, el juzgado dispuso medidas de carácter real y ordenó el congelamiento de seis departamentos y seis cocheras que estarían vinculados a los imputados.
La causa se inició luego de que autoridades argentinas remitieran antecedentes a Paraguay sobre una investigación contra Kueider, relacionada con su actuación como senador y una presunta recepción de pagos indebidos entre los años 2017 y 2019 por parte de exdirectivos del grupo empresarial Securitas, supuestamente a cambio de mantener contratos de servicios de seguridad con la empresa Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA).
Los investigadores sostienen que Kueider, Guisnel y otras personas habrían conformado una estructura destinada a colocar fondos presuntamente ilícitos en sistemas financieros locales e internacionales, además de adquirir bienes muebles e inmuebles buscando otorgarles apariencia de legalidad.
