Apertura Política Legisladores tratarán de mantener privilegios de "Jubilación VIP"
La iniciativa, que evita de plano la eliminación del esquema conocido como jubilación vip, plantea alternativas que van desde nuevas inversiones financieras hasta la eventual emisión de tarjetas de crédito, lo que volvió a encender críticas por el costo que este sistema ya tiene para el Estado y la resistencia política a modificarlo de fondo.
El proyecto, que permanece sin tratamiento efectivo desde hace meses, es utilizado en el Congreso como argumento para sostener que existen propuestas de reforma en análisis, aunque para sectores opositores solo funciona como una maniobra dilatoria frente al reclamo central: eliminar un régimen jubilatorio considerado privilegiado. Desde esta mirada, la discusión real no avanza porque la mayoría de los legisladores se muestra reacia a tocar beneficios que los favorecen directamente.
La iniciativa fue presentada por diputados oficialistas y plantea algunos ajustes formales, como elevar la edad mínima de jubilación, pero el eje central pasa por ampliar los mecanismos de ingresos de la caja parlamentaria. Actualmente, el fondo se nutre principalmente de los aportes de los propios legisladores, el otorgamiento de préstamos internos y algunas inversiones financieras de bajo riesgo. Con la reforma, se pretende habilitar un abanico más amplio de operaciones para generar recursos.
Entre las propuestas figura la posibilidad de realizar inversiones en instrumentos monetarios del Banco Central, adquirir bonos del Tesoro y ampliar la cartera de depósitos y títulos financieros. Sin embargo, uno de los puntos que más controversia genera es la idea de habilitar la emisión de tarjetas de crédito y el otorgamiento de préstamos no solo a legisladores activos, sino también a jubilados, pensionados, funcionarios del Congreso e incluso a instituciones vinculadas al Poder Legislativo. Para críticos del proyecto, estas funciones se asemejan más a las de una entidad financiera que a las de una caja previsional.
Desde la administración de la caja parlamentaria se sostiene que el marco legal vigente permite este tipo de inversiones y que existen controles suficientes para evitar un uso indebido de los fondos. Incluso se insiste en que el sistema sería sostenible por varios años más y que las reformas apuntan únicamente a darle mayor previsibilidad a futuro. No obstante, esta versión es fuertemente cuestionada por legisladores opositores, quienes aseguran que los números muestran una realidad distinta.
Según datos expuestos en el Congreso, en poco más de dos décadas el Estado ya destinó decenas de miles de millones de guaraníes para sostener la jubilación parlamentaria, un esquema que permite acceder al beneficio con solo 55 años de edad y un mínimo de 10 años de aporte, cobrando un porcentaje elevado de una dieta que se ubica entre las más altas del sector público. Para quienes cuestionan el sistema, estas condiciones explican por qué la caja es estructuralmente deficitaria y por qué cualquier intento de "reforma" que no incluya la eliminación del privilegio resulta insuficiente.
En ese contexto, la discusión vuelve a quedar atrapada entre dos posturas irreconciliables. Por un lado, quienes buscan preservar la jubilación parlamentaria mediante ajustes y nuevos ingresos; por el otro, quienes advierten que seguir sosteniéndola implica trasladar el costo a la ciudadanía y postergar un debate de fondo sobre equidad y uso de recursos públicos. Mientras tanto, el proyecto sigue sin avanzar y la jubilación vip permanece intacta, en medio de un creciente cuestionamiento social.