Amplían denuncia contra "Bachi" Núñez, está vez, por meteórico aumento salarial a su sobrina bachiller
El presidente del Congreso Nacional, el senador colorado Basilio "Bachi" Núñez, sumó una nueva complicación judicial.
Este martes se formalizó ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) una ampliación de la denuncia penal en su contra, que expone presuntos favorecimientos económicos sistemáticos hacia su entorno familiar, centrándose de forma detallada en el caso de su sobrina, Berenice Ayelén Sosa Cabrera.
De acuerdo con el documento presentado por el abogado Francisco Rubén Penayo Almada, la joven ingresó a la Cámara de Alta en octubre de 2023 con apenas 18 años y con el único título de bachiller de la educación media, siendo asignada inicialmente al despacho de su tío con una remuneración de G. 4.500.000.
Sin embargo, tras la asunción de "Bachi" Núñez a la Presidencia del Congreso en julio de 2024, se iniciaron meteóricas recategorizaciones.
Primero fue promovida a la categoría de "Profesional I" trepando a los G. 7.100.000 y, apenas seis meses después, en enero de 2025, se le otorgó otro incremento que fijó su salario mensual en Gs. 9.500.000, registrando así un aumento acumulado del 111 % en un corto periodo.
Nuevos tipos penales
La ampliación ratifica los indicios de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, pero añade una fuerte figura jurídica: Administración en provecho propio (Artículo 8 de la Ley N.° 2523/2004).
El denunciante sostiene que Núñez utilizó sus facultades de ordenador de gastos no para responder al interés institucional, sino para beneficiar patrimonialmente a su círculo cercano, calculando un perjuicio estimado al erario público de unos G. 370.000.000 para cuando culmine su mandato legislativo en 2028.
Diligencias solicitadas
La denuncia, que ya cuenta con el sello oficial de recepción del Ministerio Público con fecha de hoy, solicita de manera urgente que se libre oficio al Senado para remitir el legajo completo de la funcionaria, incluyendo sus marcaciones biométricas de asistencia, y que la Contraloría General de la República provea las declaraciones juradas de bienes de la joven para determinar si existió una contraprestación real y efectiva acorde a los millonarios montos percibidos.