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En su pronunciamiento, difundido en el marco del Día de los Derechos Humanos, la entidad identificó al menos doce ejes críticos que requieren vigilancia permanente, memoria activa y una respuesta social sostenida.
Entre los principales focos de preocupación, la organización destacó la promulgación de la llamada "ley garrote", una normativa que, según Amnistía, representa un ataque directo al derecho de asociación y al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. El colectivo sostuvo que esta ley constituye una forma de censura encubierta y recordó que, pese a los pedidos de veto, el presidente Santiago Peña decidió avanzar con su promulgación.
Desde la perspectiva de Amnistía, el proceso que desembocó en esta ley se inició con la creación de una comisión parlamentaria que calificaron como orientada a hostigar a organizaciones sociales y a medios críticos. Según el organismo, dicha comisión elaboró informes que vincularon a entidades civiles con supuestos esquemas de lavado de dinero relacionados con el financiamiento político, sin presentar pruebas concluyentes. Además, denunciaron que se promovieron acciones judiciales contra varias organizaciones con el objetivo de acceder a información sensible sobre sus actividades y el uso de fondos.
El balance presentado por Amnistía Internacional Paraguay no se limita al plano institucional. El informe subraya que la pobreza y la exclusión social continúan profundizándose. Citan datos oficiales que indican que una parte significativa de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, mientras que una franja importante se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria y un porcentaje menor, pero crítico, en situación de pobreza extrema. A esto se suma una informalidad laboral elevada, que deja a la mayoría de los trabajadores sin acceso efectivo a la protección social.
En el ámbito económico y social, la organización cuestionó que el aumento del salario mínimo haya sido insuficiente frente al costo de vida, y puso el foco en la crisis del sistema de salud pública. Según el análisis, la falta de inversión sostenida mantiene a los hospitales en una situación crítica, muy por debajo de los estándares mínimos de financiamiento recomendados a nivel internacional.
Amnistía también alertó sobre la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas, el racismo estructural, la contaminación ambiental y la persecución a defensores de derechos humanos. En ese contexto, mencionaron el caso del defensor ambiental Vidal Brítez, detenido a comienzos de año, al que consideran una señal preocupante de represalias contra quienes denuncian impactos ambientales vinculados a la minería.
Otro punto señalado fue la existencia de indicios de tráfico de influencias que involucrarían a sectores del crimen organizado con integrantes del sistema judicial y del ámbito legislativo, una situación que, según la organización, debilita gravemente la confianza pública en las instituciones. También cuestionaron la postergación de leyes clave, como la normativa de protección a periodistas, y la falta de avances en los procesos de reparación a comunidades indígenas afectadas por grandes proyectos hidroeléctricos.
Para Amnistía Internacional Paraguay, el 2025 dejó en evidencia un deterioro en las garantías democráticas y en la protección de derechos fundamentales. La organización concluyó que estos retrocesos no deben ser relativizados y llamó a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse alertas frente a decisiones que, bajo el argumento del orden o el control, terminan restringiendo libertades esenciales.
