La normativa, promulgada hace casi un año, fue finalmente reglamentada por el presidente Santiago Peña, lo que permitirá su aplicación efectiva tras meses de demora.
Núñez sostuvo que la medida era necesaria para ordenar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y asegurar un control real sobre la procedencia y destino de los recursos. Afirmó que el decreto de reglamentación se ajusta a los alcances de la ley y que su aplicación contribuirá a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia financiera de las entidades beneficiadas con fondos públicos o internacionales.
El legislador recordó que fue uno de los primeros en impulsar un proyecto de registro nacional de ONG, con el objetivo de exigir la publicación de los estados financieros y reforzar la vigilancia sobre el uso de los aportes. Rechazó que la normativa se utilice como instrumento de persecución política y defendió su aprobación como una medida para garantizar mayor transparencia. También mencionó que Paraguay sigue el ejemplo de países que implementaron regulaciones similares, incluso en el marco de recortes a la cooperación internacional, como los realizados por Estados Unidos a través de la agencia USAID.
En relación con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), en la que él y familiares suyos tuvieron participación, Núñez defendió su función administrativa. Sostuvo que la institución cumple un papel técnico comparable al de organismos internacionales que gestionan trámites municipales, como la Federación Colombiana de Municipios. Argumentó que Opaci actúa como centro regulador para unificar procedimientos y evitar irregularidades en la emisión de licencias de conducir y otros registros municipales.
El titular del Congreso aseguró que no se opone a que Opaci sea eliminada si así lo dispone la ley, pero advirtió que antes debe definirse quién asumirá las tareas que la organización cumple. Consideró que eliminarla sin prever una estructura alternativa podría provocar desorden en el sistema municipal. Sostuvo además que los ataques contra Opaci responden a desconocimiento de su función y que su papel sigue siendo necesario para garantizar la coordinación entre las comunas.
Con estas declaraciones, Núñez celebró la entrada en vigor de una ley que exige mayor transparencia a las ONG, al tiempo que defendió una institución históricamente cuestionada por su manejo de fondos municipales. La reglamentación, que ahora habilita su aplicación plena, mantiene abierto el debate entre quienes ven en ella un avance en materia de control y quienes temen que sea utilizada para presionar a las organizaciones críticas al Gobierno.