Alberto Martínez Simón volvería a presidir la Corte Suprema
El ministro Alberto Martínez Simón sería nuevamente electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según fuentes que indican que ya cuenta con el apoyo mayoritario de sus colegas. La elección de las nuevas autoridades está prevista para febrero próximo, cuando culmina el mandato del actual titular del máximo tribunal, César Diesel.
De acuerdo con las versiones que circulan en el ámbito judicial, la nueva mesa directiva estaría integrada además por los ministros Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos Ojeda, quienes asumirían como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, con un periodo de gestión que se extendería hasta febrero de 2027.
De concretarse esta conformación, Benítez Riera y Ríos Ojeda reemplazarían a Carolina Llanes y César Garay en la vicepresidencia. Para Ríos Ojeda, esta designación significaría la primera vez que accede a uno de los cargos de la mesa directiva de la máxima instancia judicial.
Martínez Simón juró como ministro de la Corte el 16 de abril de 2019 y esta sería la segunda ocasión en la que asumiría la presidencia del alto tribunal. Junto con la elección de las nuevas autoridades, también se definirá la integración del Consejo de Superintendencia, así como las presidencias de las salas Constitucional, Civil y Penal.
La eventual nueva conducción de la Corte se daría en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos al sistema de justicia, según informan desde Judiciales.net.
Si bien se registran avances en algunos aspectos de la administración judicial, persisten importantes desafíos, como la mejora del servicio y la recuperación de la credibilidad del Poder Judicial, afectada por recientes escándalos vinculados a presuntas injerencias de grupos de poder, entre ellos los audios atribuidos al fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gómes y el esquema conocido como la "mafia de los pagarés".
Otro de los puntos críticos sigue siendo la mora judicial, especialmente en el fuero penal, donde miles de personas permanecen privadas de libertad sin contar aún con una condena firme, una situación que continúa siendo una deuda pendiente con la ciudadanía.