PolíticaSesión ordinaria
La agenda de la Cámara de Senadores incluye para la sesión de este miércoles el tratamiento de proyectos de alto impacto político y económico, centrados principalmente en la reforma de la Caja Parlamentaria y la eliminación de bonificaciones para autoridades de los tres poderes del Estado.
Uno de los puntos centrales es el proyecto de ley que modifica el régimen de jubilación parlamentaria, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establece que los legisladores podrán acceder a una jubilación extraordinaria con apenas 10 años de aportes —equivalente a dos periodos legislativos— a partir de los 55 años de edad, con un haber del 60% de sus dietas más gastos de representación.
Asimismo, el documento contempla un incremento en el aporte mensual obligatorio de los parlamentarios, que pasaría del 20% al 24% de sus ingresos. Esta iniciativa ya había sido analizada semanas atrás, pero su tratamiento fue interrumpido durante la sesión del 25 de marzo, cuando se resolvió postergar su estudio.
Otro tema destacado en el orden del día es el proyecto que plantea suprimir el pago de bonificaciones a funcionarios que ocupen cargos de conducción política durante el ejercicio fiscal 2026. La propuesta, que figura nuevamente tras haber sido aplazada en la sesión anterior, busca eliminar este tipo de beneficios adicionales para autoridades como legisladores, el presidente y vicepresidente de la República, ministros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Judicial y titulares de entes y organismos de control.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, luego de que trascendiera que se había autoasignado una bonificación superior a G. 21 millones durante casi un año. Tras la polémica, el legislador renunció al cobro y promovió el proyecto con el objetivo de extender la medida a todas las altas autoridades del Estado.
En el mismo punto del orden del día también se incluye el proyecto denominado "A ley pareja nadie se queja", presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis, que apunta a establecer criterios de equidad en la asignación de beneficios dentro de la función pública.
