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En su lectura, el escenario obliga a tomar decisiones ahora para evitar que la Caja termine dependiendo cada vez más del Tesoro.
Según los datos manejados en el entorno de la administración del fondo, la Caja mueve alrededor de cinco millones de dólares al año y, con la estructura actual, su sostenibilidad tendría un margen cercano a una década. Núñez remarcó que el informe actuarial que tienen a mano ubica el quiebre en 2035 y planteó que una de las alternativas que se analizan es que los jubilados continúen aportando, como ocurre en otros esquemas previsionales, con el argumento de sostener financieramente el sistema a medida que aumente la cantidad de beneficiarios.
En medio de ese diagnóstico, volvió a quedar bajo la lupa el aporte estatal previsto en el Presupuesto 2026 para la Caja Parlamentaria, fijado en 4.000 millones de guaraníes. Consultado sobre esa partida, el titular del Congreso señaló que el concepto apunta a cubrir eventuales brechas de financiamiento y que el monto fue incorporado desde el trabajo presupuestario que pasó por instancias legislativas. Aun así, afirmó que pedirá un informe pormenorizado sobre los recursos provenientes del Tesoro que efectivamente ingresaron al fondo, en un intento por transparentar cuánto y cómo se utilizó esa ayuda pública.
El debate se cruza, además, con la existencia de varias iniciativas legislativas en danza. Se habla de al menos tres proyectos vinculados a cambios en la Caja: dos que incluyen, en alguna medida, la posibilidad de mantener aportes estatales, y otro bloque —impulsado por Núñez, Silvio Ovelar y otros senadores— que busca cortar al Estado como fuente de ingresos para este régimen. En paralelo, reapareció la propuesta que había ingresado en agosto del año pasado y que vuelve a contemplar el aporte estatal, lo que abre una disputa política y técnica sobre qué camino tomar.
Núñez también insistió en que la discusión sobre la Caja Parlamentaria no puede ir por un carril separado de los ajustes que se plantean para otros sistemas de jubilación, como los de docentes, policías y militares. En esa línea, planteó que avanzar al mismo tiempo serviría como "señal" de que los legisladores también se apretarían el cinturón, y definió esa señal con una idea concreta: que la Caja deje de recibir dinero público.
El presidente del Congreso deslizó que la intención es llevar el tratamiento a febrero, aun en pleno receso parlamentario, apostando más a una mesa de consenso que a una enmienda puntual. La apuesta, según ese enfoque, sería ordenar el debate con varias propuestas sobre la mesa y resolver de una vez el rumbo del régimen, que en los últimos meses volvió a encender polémicas por los beneficios diferenciados frente al resto de los trabajadores.
Actualmente, el esquema de jubilación parlamentaria establece exigencias y porcentajes que alimentan la controversia. Para la jubilación extraordinaria se exige una edad mínima de 55 años y el cumplimiento de dos periodos legislativos —equivalentes a 10 años—, con un haber calculado en torno al 60% de los ingresos. En la modalidad ordinaria, el requisito es completar tres periodos, es decir 15 años o más, y el beneficio asciende al 80% de las remuneraciones. Con dietas que rondan los 37 millones de guaraníes, el monto final de las jubilaciones sigue siendo el punto más sensible de una discusión que no afloja y que, ahora, se acelera con la advertencia de un posible déficit en el horizonte.
