Accionarán contra Ley "Anti ONG"
Entre las medidas en estudio figuran acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, pedidos de medidas cautelares y litigios estratégicos en defensa de la libertad de asociación y expresión.
Las plataformas y redes de organizaciones sostienen que la reglamentación aceleró la entrada en vigencia de obligaciones consideradas desproporcionadas —nuevos registros, reportes financieros ampliados y posibles sanciones por supuestos incumplimientos— que habilitan un control discrecional del Estado sobre su trabajo cotidiano. Señalan que, lejos de aclarar los puntos polémicos, el decreto mantiene definiciones amplias sobre quiénes quedan alcanzados y bajo qué criterios se evaluará su "participación en políticas públicas", lo que abre la puerta a usos selectivos contra voces disidentes.
Las organizaciones recuerdan que ya en 2024 habían advertido que el texto de la ley imponía requisitos vagos y ambiguos incompatibles con estándares internacionales. Con la reglamentación firmada por el presidente Santiago Peña, esas alertas pasan del plano potencial al operativo, por lo que activarán una estrategia legal escalonada: primero cuestionar artículos que consideran inconstitucionales (por afectar libertades de asociación y expresión), y luego, de ser necesario, acudir a instancias regionales para denunciar afectaciones al espacio cívico.
El frente cívico argumenta que la nueva capa de controles se superpone a obligaciones ya existentes sobre transparencia y rendición de cuentas, generando un laberinto burocrático que puede paralizar proyectos sociales, humanitarios y de defensa de derechos. También advierte que la amenaza de sanciones y la incertidumbre regulatoria podrían desalentar a donantes y cooperantes internacionales, con impacto directo en programas de atención comunitaria. En ese sentido, diversas agrupaciones afirman que documentarán efectos inmediatos de la norma para respaldar sus demandas y demostrar daño concreto.
En paralelo, referentes de la sociedad civil sostienen que la respuesta no se limitará a los tribunales: preparan campañas de información pública, auditorías ciudadanas y alianzas con sectores académicos y gremiales para discutir el alcance real del decreto y promover alternativas regulatorias que fortalezcan la transparencia sin restringir el trabajo independiente de las organizaciones. El plan incluye monitorear la aplicación administrativa de la norma y denunciar casos de selectividad o amedrentamiento que pudieran configurarse bajo el nuevo marco.
Desde el oficialismo, la línea argumental es que el decreto "ordenará" el funcionamiento de las organizaciones y mejorará la coordinación con el Estado; sin embargo, la oposición y especialistas en derecho público replican que la reglamentación no despeja las ambigüedades clave y que, por diseño, la ley puede utilizarse como herramienta de castigo político. En los próximos días, el movimiento cívico definirá qué artículos atacará primero en su ofensiva judicial y qué medidas cautelares solicitará para evitar perjuicios mientras la Corte analiza los planteamientos.
La controversia, instalada desde la sanción y promulgación de la ley en 2024, ingresa así en una fase decisiva: con la reglamentación ya vigente, el campo de batalla se traslada a los estrados judiciales, donde las ONG buscarán sentar precedentes sobre límites constitucionales a la potestad estatal de regular al tercer sector.