Cacería política y judicial

La reciente acusación del Ministerio Público contra el expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus exministros ha reavivado el debate sobre el uso del sistema judicial con fines políticos en Paraguay. El caso, basado en la supuesta filtración de informes de inteligencia sobre Horacio Cartes, ha sido calificado por sectores de la oposición como un claro ejemplo de lawfare o guerra jurídica, una estrategia que consiste en la instrumentalización de la justicia para neutralizar adversarios políticos.

La acusación involucra a los exministros Arnaldo Giuzzio (Interior), René Fernández (Anticorrupción) y Carlos Arregui (Seprelad), además de Daniel Farías, exasesor de Inteligencia, y otros exfuncionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Los cargos presentados incluyen asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Abdo Benítez denuncia persecución y pide su desafuero

Ante la acusación de la Fiscalía, el expresidente Mario Abdo Benítez reaccionó con indignación, calificando el proceso como “injusto” y denunciando la sumisión del Ministerio Público a un grupo de poder. En un video publicado en redes sociales, anunció que solicitará su desafuero como senador vitalicio para someterse a la justicia sin privilegios.

“Todos hemos sido testigos del escándalo que se ha armado en este caso, desmontando con creces el sometimiento del Ministerio Público a un grupo de poder. Flexibles con los criminales, implacables con los inocentes”, expresó Abdo Benítez.

El exmandatario aseguró que la Fiscalía está acusando a profesionales “valientes y honestos” que cumplieron con su deber en la lucha contra el crimen organizado, y que lo que realmente está ocurriendo es un intento de silenciar la verdad y proteger la impunidad.

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Mauricio Espínola también pide ser desaforado

Siguiendo los pasos del expresidente, el diputado Mauricio Espínola, exsecretario privado de Abdo, también solicitó que se le retire la inmunidad parlamentaria para enfrentar la acusación. En su cuenta de X, el legislador afirmó que están siendo perseguidos por una Fiscalía que actúa bajo la influencia del crimen organizado.

“Nos persiguen por haber hecho lo correcto, mientras que los verdaderos delincuentes son protegidos por el sistema”, denunció Espínola.

El cartismo minimiza el pedido de desafuero

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), celebró la decisión de Abdo Benítez de ponerse a disposición de la justicia, pero cuestionó la tardanza de su solicitud. Según Núñez, el pedido de desafuero del exmandatario “no es una prioridad del Senado” y descartó que el tema sea tratado en la brevedad.

“Ahora me estoy interiorizando de eso y celebro que el expresidente se ponga a disposición de la Justicia, porque fuimos víctimas de persecución. En mi caso, filtraron también datos falsos y fue el secretario privado del presidente”, sostuvo Núñez, insinuando que Espínola también estuvo involucrado en filtraciones durante el gobierno de Abdo.

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Carmen Pereira y Arnaldo Giuzzio rompen el silencio

La ex viceministra de Seprelad, Carmen Pereira, habló por primera vez sobre la acusación en su contra y denunció el impacto personal y profesional que sufrió debido a este proceso. Según Pereira, su salida de la Seprelad se debió a que no podía volver a un lugar donde le habían hecho mucho daño.

“No solamente perdí mi trabajo, perdí el trabajo que amaba y que hacía con pasión. Fue bastante difícil. Luego de eso no volví a trabajar en el sector privado por respeto. Espero que esta injusticia pueda ser subsanada”, manifestó.

Por su parte, el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, denunció que la Fiscalía le atribuye delitos sin pruebas y con fiscales ajenos a la causa. Según él, el proceso está basado en motivaciones políticas y no en hechos jurídicos.

“Nos acusan por filtrar documentos a ABC y Última Hora, por reunirnos con otros ministros, entre otros motivos absurdos. Nos atribuyen conductas penales sin pruebas, de forma arbitraria, con fiscales ajenos a la causa”, expresó Giuzzio en redes sociales.

El exministro también sostuvo que “en el país del revés”, la Fiscalía protege a los criminales y persigue a quienes los denuncian, en clara alusión a la influencia del cartismo dentro del Ministerio Público.

El debate sobre el lawfare en Paraguay

El concepto de lawfare ha cobrado relevancia en América Latina, con ejemplos como el de Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador, donde la justicia fue utilizada como un arma política para deslegitimar a ciertos líderes. En Paraguay, el caso de Abdo Benítez y sus exministros refuerza las sospechas de que el Ministerio Público actúa con parcialidad, beneficiando a ciertos sectores y persiguiendo a otros.

La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) también se refirió al tema, señalando que lo que está ocurriendo es el “lenguaje de la mafia” dentro de la justicia paraguaya.

“Lo que estamos viendo es el lenguaje de la mafia, que ha inficionado a la Justicia, que hoy actúa como actúa la mafia: persigue, castiga a las personas que son opositoras y protege a quienes son cercanas y defienden los intereses”, sostuvo.

La legisladora recordó que las disputas dentro del Partido Colorado históricamente han tenido consecuencias graves para el país, mencionando el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en 1999.

“Estas disputas internas no son por ver qué sector tiene mejor propuesta para solucionar los problemas de la gente, son disputas de poder”, criticó Martínez.

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¿Persecución o justicia?

Desde la oposición, el diputado Roberto González (ANR-FR) valoró la decisión de Abdo Benítez y Espínola de pedir su desafuero para enfrentar la acusación, aunque sostuvo que la causa es una “feroz persecución política” y la “coronación” de la manipulación de las instituciones por parte del cartismo.

“El que nada debe, nada teme. Creo que Mario Abdo, los otros compañeros exmiembros de su gabinete y mucho menos Mauricio Espínola deben temer algo. Son víctimas de una persecución política feroz, donde se ha manipulado a las instituciones de la República, y con esto se está coronando la injusticia y la manipulación”, declaró González.

El proceso contra Abdo Benítez y sus exministros pone de relieve la crisis de independencia en las instituciones paraguayas, con un Ministerio Público cada vez más señalado por actuar bajo presiones políticas. La línea entre la justicia y la persecución se vuelve cada vez más delgada, dejando a Paraguay en el ojo del huracán de un nuevo caso de lawfare en la región.