Acusación a exministros: Carlos Arregui denuncia maniobra política

El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad), Carlos Arregui, calificó de “maniobra política” la acusación que presentó el Ministerio Público en la causa que involucra a exministros y exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. Según Arregui, no existen elementos que justifiquen una imputación penal y se está utilizando la justicia con fines políticos.

En una entrevista con Ñandutí, el extitular de Seprelad manifestó su indignación por la manera en que se ha manejado el caso y señaló que se ha criminalizado una simple reunión de trabajo. “No hay nada relevante penalmente, presentan como un delito una reunión de trabajo”, enfatizó.

Arregui explicó que su función como ministro de Seprelad consistía en remitir informes de inteligencia financiera al Ministerio Público cuando existían indicios de hechos punibles. Según él, simplemente cumplió con su deber, y ahora lo están procesando por ello. “Yo tenía la misión de elevar los informes de inteligencia financiera al Ministerio Público cuando había indicios vehementes de la comisión de hechos punibles y eso es lo que hice y por eso me procesan”, sostuvo.

También cuestionó el papel del fiscal Christian Benítez en la causa y aseguró que no lo conocía antes del proceso. “Jamás en mi vida escuché sobre Christian Benítez, me contaron ahora que era uno de los secretarios de Aldo Cantero que se fue a presionarles y a amenazarles a los funcionarios de Seprelad”, denunció.

En otro momento, Arregui se refirió a la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria y dejó entrever que su salida se debió a presiones externas. “Ojalá este señor se anime a contar las amenazas de las que fue objeto por el hecho de decir que no encontraba elementos para acusar, entonces iba a solicitar un sobreseimiento provisional, eso sabe todo el mundo”, afirmó.

La acusación contra Arregui y otros exministros se enmarca dentro de un proceso en el que se les atribuyen hechos punibles como asociación criminal, usurpación de funciones públicas y revelación de secretos de servicio. Sin embargo, las críticas sobre una posible instrumentalización política de la justicia continúan creciendo, con denuncias de que la Fiscalía estaría actuando bajo presión de sectores de poder.