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Un boicot a la verdad

A casi tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, la indignación y la desesperanza reinan en su familia, que sigue esperando respuestas de una Fiscalía que, según denuncian, ha hecho todo menos buscar la verdad. Mientras en Colombia ya fueron condenados los responsables materiales del crimen y se desbarató casi toda la estructura que orquestó el magnicidio, en Paraguay la investigación sigue estancada en un pantano de omisiones y sospechas de encubrimiento.
Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado, rompió su silencio, donde lanzó duras acusaciones contra las autoridades del Ministerio Público, señalando que el caso fue manejado con negligencia, secretismo y falta de voluntad política.
“A nivel de los perros se manejan y pretendieron manejar el caso de mi hermano”, disparó con rabia, durante una entrevista que mantuvo con El Nacional.
¿Encubrimiento descarado? El robo de la computadora de Pecci
Uno de los puntos más alarmantes que reveló Francisco Pecci es el destino incierto de la computadora personal de su hermano, la cual fue incautada por fiscales paraguayos días después del asesinato, bajo el pretexto de realizar peritajes. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe ningún informe oficial que explique qué se hizo con ese equipo ni qué información contenía.
“¿Dónde está el documento que diga qué hicieron con la computadora? ¿Dónde está el respaldo del contenido? Yo tengo mucho miedo de que ya hayan borrado todo”, denunció el hermano del fiscal.
Según su testimonio, ni la familia ni los representantes legales han recibido informes sobre qué diligencias se hicieron con el equipo. Peor aún, teme que esa información haya sido manipulada o eliminada, lo que podría significar la destrucción de pruebas clave sobre el caso.
Este hecho agrava aún más las sospechas de que el crimen de Pecci no solo fue ordenado desde las sombras, sino que hay actores dentro de las instituciones paraguayas que buscan ocultar cualquier rastro que pudiera conducir a los autores intelectuales.
Los “infames” que callan la verdad
Francisco Pecci no dudó en señalar con nombre y apellido a quienes considera responsables del estancamiento de la investigación. Entre ellos, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán; la exfiscala general, Sandra Quiñónez; y su sucesor, Emiliano Rolón. Para él, estas autoridades han demostrado una falta absoluta de transparencia y compromiso con la justicia.
“Deberían sentir vergüenza. Son unos mentirosos, deshonestos e infames”, sentenció.
La frustración de la familia Pecci no es infundada. En otros casos de gran impacto, la Fiscalía ha mostrado mayor agilidad, pero en este, que involucra a una figura clave en la lucha contra el crimen organizado, la lentitud y la falta de información son la norma.
Mientras la justicia colombiana actuó con rapidez y logró procesar a todos los eslabones del crimen, Paraguay sigue sumido en el silencio y la indiferencia. ¿Es solo incompetencia o realmente hay algo más oscuro detrás?
El oficialismo y su boicot a la verdad
El último episodio de este escándalo se vivió en el Congreso, cuando el oficialismo, encabezado por el movimiento Honor Colorado, impidió la realización de una sesión clave para abordar el avance de la investigación. De los 18 legisladores que integran la Comisión Permanente, al menos 10, todos afines al cartismo, se ausentaron deliberadamente, dejando sin cuórum la reunión.
Este bloqueo sistemático a cualquier intento de esclarecer el crimen levanta serias dudas sobre los verdaderos intereses del oficialismo. Si nada tienen que esconder, ¿por qué se niegan a debatir el tema?
Para la familia Pecci, la respuesta es evidente: hay sectores políticos y judiciales que buscan proteger a quienes ordenaron el asesinato.
La verdad que Paraguay no quiere escuchar
El asesinato de Marcelo Pecci no fue un crimen común. Él lideraba una de las operaciones más grandes contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia del país: A Ultranza. Su trabajo amenazaba a poderosos grupos criminales, cuyos tentáculos parecen haber alcanzado incluso las más altas esferas del poder político paraguayo.
Pecci se convirtió en un obstáculo para los intereses de quienes manejan el crimen organizado en la región. Su asesinato no solo dejó un vacío en la lucha contra las mafias, sino que también reveló el nivel de complicidad e impunidad que impera en Paraguay.
Si la Fiscalía sigue sin ofrecer respuestas claras, y el oficialismo continúa bloqueando cualquier intento de transparencia, la pregunta inevitable es: ¿Quién está detrás del encubrimiento?
La familia Pecci ya no puede seguir esperando. Han decidido hablar y denunciar. Y ahora, Paraguay tiene la obligación de escuchar.
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