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La comunicación fue enviada nuevamente por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, que recordó a la Cámara Baja la existencia de la imputación formulada contra el parlamentario dentro de la causa abierta por presunto cobro indebido de honorarios.
El oficio judicial, remitido esta semana, insiste en que el Congreso debe pronunciarse sobre el desafuero del legislador para que el proceso penal pueda avanzar conforme a lo establecido por la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal. Junto con la notificación también fueron remitidas nuevamente las actuaciones impulsadas por el Ministerio Público.
La investigación tiene su origen en la contratación de Danna Maricela y Johana Denisse Giménez Rotela, hijas del diputado, quienes figuraban como funcionarias de la Cámara de Diputados. Según la acusación fiscal, ambas percibían salarios públicos pese a incumplir las obligaciones laborales exigidas por el reglamento interno, entre ellas el registro biométrico de ingreso y salida.
Las dos fueron beneficiadas anteriormente con una salida alternativa al proceso mediante la suspensión condicional del procedimiento y debieron devolver alrededor de G. 77 millones que habían percibido durante el período investigado.
El caso de Cleto Giménez no es el único que permanece pendiente de resolución política. En los últimos días también fue reiterado el pedido de desafuero del diputado colorado Esteban Samaniego, procesado por presuntos hechos de administración en provecho propio y asociación criminal junto con otras personas, entre ellas su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.
En ese expediente, el juez Osmar Legal volvió a comunicar oficialmente a la Cámara de Diputados la existencia de la imputación y remitió nuevamente la documentación correspondiente para que el Congreso adopte una decisión.
Sin embargo, aunque la Comisión de Asuntos Constitucionales ya emitió un dictamen favorable al desafuero de Samaniego, el tema nunca fue incorporado al orden del día de una sesión ordinaria, por lo que el pedido continúa paralizado.
A la lista de solicitudes pendientes también se suman los casos de la diputada Roya Torres, investigada por la contratación irregular de su hijo en la Cámara Baja, y del diputado Walter García, cuyo pedido de desafuero igualmente permanece sin definición legislativa.
En contraste, la Cámara de Diputados trató con rapidez el desafuero solicitado por el legislador Mauricio Espínola, quien afronta un proceso por homicidio culposo derivado de un accidente de tránsito y pidió personalmente a sus colegas que aprobaran la pérdida de sus fueros.
Mientras tanto, en la causa relacionada con Esteban Samaniego, la Justicia fijó para fines de junio y comienzos de julio las audiencias preliminares de varios procesados, entre ellos la intendenta Patricia Corvalán y otros imputados. Además, el juzgado ordenó la prisión preventiva de uno de los acusados tras considerar que incurrió en maniobras dilatorias al presentar una recusación minutos antes del inicio de su audiencia.
