Derechos laborales en riesgo

La declaración del ministro Javier Giménez sobre eliminar el salario mínimo para atraer inversiones contradice las garantías laborales defendidas por el Ministerio de Trabajo. Las críticas no se hicieron esperar, mientras la incertidumbre sacude a miles de trabajadores.

El salario mínimo: ¿protección social o barrera para las inversiones?

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, desató la polémica al proponer la eliminación del salario mínimo en Paraguay, sugiriendo que esta medida podría atraer más inversiones extranjeras y mejorar los salarios a través de una supuesta competencia entre empresas. Sin embargo, esta declaración chocó frontalmente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), que salió al paso para desmentir cualquier intención gubernamental de eliminar este derecho fundamental.

Giménez citó ejemplos de países como Suecia y Noruega, donde no existe un salario mínimo por ley, pero omite mencionar que estos países cuentan con sólidas redes de protección social y altos niveles de organización sindical que garantizan condiciones laborales dignas. En contraste, Paraguay enfrenta serias brechas de desigualdad y precarización laboral, lo que hace que el salario mínimo sea un pilar esencial para millones de trabajadores.

Una propuesta que amenaza la estabilidad laboral

Las declaraciones de Giménez no solo revelan un desconocimiento de la realidad laboral del país, sino que también dejan en evidencia una peligrosa desconexión con los sectores más vulnerables. Según datos del propio MTESS, el 57,6% de la población ocupada en Paraguay corresponde a trabajadores asalariados, quienes dependen directamente de las regulaciones del salario mínimo para asegurar una remuneración justa.

El diputado Raúl Benítez, del Partido Encuentro Nacional, fue uno de los primeros en reaccionar, calificando la propuesta de Giménez como “un intento de destruir los derechos de los trabajadores”. En redes sociales, cuestionó duramente al Gobierno: “Eliminar la estabilidad laboral, contratos indefinidos y ahora el salario mínimo. El cartismo decidido a romper todos los derechos de los trabajadores. El Ministro del MIC intentando justificar su incapacidad para atraer inversiones a costa del sector más vulnerable”.

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Contradicciones y descoordinación gubernamental

El comunicado emitido por el Mtess, liderado por Mónica Recalde, refuerza el compromiso del Gobierno con la defensa del salario mínimo, citando su importancia como herramienta clave para reducir la pobreza y la desigualdad. Además, destaca la protección constitucional de este derecho, amparado por el artículo 92 de la Carta Magna, y la ratificación de convenios internacionales de la OIT que garantizan su aplicación.

Sin embargo, las palabras de Giménez siembran dudas sobre la coherencia de las políticas públicas del actual gobierno. ¿Cómo puede un mismo gobierno presentar posturas tan antagónicas sobre un tema tan sensible? La falta de coordinación entre ministerios no solo genera incertidumbre en los trabajadores, sino que también debilita la confianza en la gestión gubernamental.

El costo humano de la flexibilización laboral

La propuesta del titular del MIC refleja una peligrosa tendencia hacia la flexibilización laboral que amenaza con precarizar aún más las condiciones de trabajo en el país. Mientras Giménez asegura que eliminar el salario mínimo incentivará la competencia entre empresas y mejorará los salarios, la experiencia regional muestra lo contrario: sin una regulación sólida, los empleadores tienden a reducir costos a expensas de los derechos laborales.

En un país donde el salario mínimo actual de G. 2.800.000 ya resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias, la eliminación de este piso salarial no haría más que profundizar las desigualdades existentes. Además, las brechas salariales entre hombres y mujeres seguirían creciendo, afectando principalmente a las trabajadoras del sector doméstico, quienes representan el 7,2% de la población ocupada y suelen ser las más vulnerables.

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Un llamado a la acción social

El debate sobre el salario mínimo no puede limitarse a un intercambio de declaraciones entre ministros. Es hora de que los sindicatos, las organizaciones sociales y los ciudadanos se unan para exigir claridad y coherencia en las políticas públicas. La defensa de los derechos laborales no es solo una cuestión de justicia social, sino también de desarrollo sostenible para el país.

En un contexto de crisis económica y desigualdad creciente, el Gobierno debe priorizar medidas que fortalezcan la protección social y promuevan inversiones responsables, en lugar de intentar atraer capital a costa del sacrificio de los derechos de los trabajadores.