Itaipú en la mira por adjudicación millonaria que excluye a la industria paraguaya

La reciente adjudicación de una licitación pública por parte de Itaipú Binacional genera nueva controversia en nuestro país. El llamado NE 1809-24, destinado a la adquisición de más de 320.000 muebles escolares por un valor de G. 276.348.000.000 (unos USD 35 millones), fue otorgado a la firma Kamambya SA, una empresa fabricante de frazadas instalada en Ciudad del Este. Sin embargo, esta decisión ha provocado el rechazo de empresarios nacionales, quienes denuncian favoritismo hacia productos importados desde China y exclusión de la industria local.

Representantes del Centro de Industrias Metalúrgicas (CIME) han señalado que las especificaciones técnicas exigidas en la licitación favorecen exclusivamente a materiales y procesos de fabricación disponibles solo en China, dejando fuera a empresas paraguayas. José Huidobro y Martín González, miembros del gremio, denunciaron el caso ante el Congreso y advirtieron sobre el impacto negativo que esto tendría en el empleo y el desarrollo industrial del país.

Según Huidobro, presidente del CIME, esta decisión podría afectar a unas 4.000 familias, poniendo en riesgo 1.200 empleos directos. “Esta licitación es una gran oportunidad para apuntar al desarrollo industrial, a ese desarrollo que tanto el Ejecutivo hace hincapié. Aquí hay muchos empleos en juego. Habiendo la capacidad en Paraguay, comprar de afuera, de China, es un despropósito, casi inadmisible”, expresó en una conferencia de prensa.

El senador Eduardo Nakayama, quien recibió las denuncias del gremio, también se mostró preocupado por la situación y pidió a Itaipú que reevalúe la adjudicación. “Es muy llamativo cómo se adjudicó a una empresa. Esto arriesga mucho a la industria nacional porque los muebles serían comprados directamente de China. Pedimos que se agoten todas las instancias para priorizar la producción local”, señaló.

La decisión de Itaipú no solo afecta a las empresas locales, sino que también pone en tela de juicio la coherencia entre las políticas públicas del Gobierno, que en repetidas ocasiones ha promovido el desarrollo industrial, y las acciones de una de las entidades más importantes del país. “Las licitaciones no solo deben buscar el bien solicitado, sino también aportar al desarrollo industrial del país”, agregó Huidobro.

El plazo para presentar impugnaciones contra la adjudicación vence el próximo 6 de enero. Empresarios del sector han reiterado su intención de revertir la decisión, argumentando que las especificaciones técnicas de la licitación fueron deliberadamente restrictivas y que, con un enfoque más inclusivo, las empresas paraguayas podrían cumplir con los requisitos.

El caso representa un desafío clave para el sector industrial del país y para el Gobierno, que debe demostrar si realmente apuesta por el fortalecimiento de la producción nacional o continúa priorizando intereses externos en detrimento de la industria local y de miles de familias paraguayas. La resolución de esta controversia será un test crucial para la transparencia y el compromiso con el desarrollo del país.