Se afianzan los planes para implementar el Régimen Nacional de Integridad

Esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-Capital), recibió en audiencia al contralor general de la República, Camilo Benítez, con quien dialogó sobre la necesidad de avanzar en la conformación del Consejo Nacional Anticorrupción, órgano creado con la nueva ley “Que crea el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

“Hoy conversamos sobre el proceso de implementación del consejo, que estará integrado por representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público y la Contraloría”, señaló Benítez, quien además mencionó que el trabajo cuenta con el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

El contralor enfatizó que este nuevo marco normativo busca ir más allá de las acciones represivas contra la corrupción, adoptando una estrategia preventiva que incluye la promoción de la transparencia activa.

“La transparencia activa implica que las instituciones del Estado publiquen información relevante de forma accesible, sin necesidad de solicitudes ciudadanas. Esto complementa la transparencia pasiva, que permite a los ciudadanos pedir datos específicos”, explicó.

El plan estratégico para la implementación del consejo y la normativa está en desarrollo y podría ser presentado en febrero próximo, según el contralor. Para ello, cada poder del Estado deberá designar un representante que participe en una mesa técnica encargada de definir las medidas a adoptar.

Contexto de la ley

La ley “Que crea el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”, tiene como objetivo establecer un marco para la gestión eficiente y ética de los recursos públicos, fomentando la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Entre sus disposiciones, destaca la creación del Consejo Nacional Anticorrupción, que actuará como un órgano articulador entre los poderes del Estado y otras instituciones claves, bajo la coordinación de la Contraloría General de la República.

La normativa refuerza principios de transparencia y rendición de cuentas, esenciales para generar confianza ciudadana y mejorar la calidad de vida de la población.

“Se busca eliminar la corrupción desde sus raíces, promoviendo la integridad tanto en el sector público como en el privado”, concluyó el contralor, al tiempo de señalar que, con la implementación de la nueva ley, se espera cimentar una gestión pública basada en estándares éticos, robusteciendo la democracia y fortaleciendo las instituciones nacionales.