Peña promulga Ley de “mordaza electoral”

El gobierno de Santiago Peña y el oficialismo cartista han dado un golpe directo a los derechos políticos de millones de paraguayos, tanto dentro como fuera del país, al aprobar y promulgar la controvertida Ley N.º 7443. Esta normativa, que inicialmente pretendía eliminar la inscripción automática de los jóvenes al padrón electoral y restringir el acceso al voto de los paraguayos residentes en el extranjero, ha sido duramente criticada por organismos y colectivos ciudadanos, quienes la califican como una “ley mordaza electoral”.

Pese a la confusión que genera su contenido final, el trasfondo del proyecto impulsado por el diputado José Rodríguez, del oficialista Partido Colorado, deja entrever un intento deliberado por limitar el alcance del sufragio universal. El argumento de “evitar que los muertos voten” o de “proteger la limpieza del padrón” ha sido utilizado como una excusa burda para justificar lo que, en esencia, es un retroceso en la construcción de una democracia inclusiva.

La normativa, ahora promulgada, introduce artículos que prometen garantizar la inscripción automática de paraguayos al cumplir 18 años y facilitar la participación de quienes residen en el extranjero. Sin embargo, el proceso legislativo detrás de esta ley, así como las declaraciones contradictorias de sus impulsores, reflejan un propósito opuesto: desmotivar la participación electoral de los sectores más vulnerables, como los jóvenes y la diáspora paraguaya, quienes históricamente han estado alejados del control político del oficialismo.

Entre los puntos más polémicos está la creación del Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Aunque presentado como un avance logístico, su implementación queda en manos de un organismo cuestionado por su falta de independencia, lo que genera sospechas de manipulación electoral en los países donde se habiliten locales de votación.

La Coordinadora de la Migración Paraguaya (Comipar) y otros colectivos de la diáspora han alzado la voz en repudio a esta ley, denunciando que se trata de un intento del oficialismo de perpetuar su hegemonía política a costa de cercenar derechos fundamentales. Consideran que la normativa no solo restringe el acceso al voto, sino que también vulnera los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución Nacional.

El presidente Santiago Peña, al promulgar esta ley, ha demostrado una vez más su subordinación a los intereses del cartismo, ignorando las demandas de los sectores más amplios de la ciudadanía. La promulgación de esta “ley mordaza electoral” ha desatado un clamor de indignación dentro y fuera del país, con promesas de campañas internacionales para denunciar el retroceso y advertencias de que el oficialismo enfrentará el voto castigo en las próximas elecciones.

Este episodio no solo evidencia el control férreo que el cartismo ejerce sobre el aparato estatal, sino también su desprecio por los derechos de los ciudadanos. Mientras las élites políticas celebran su victoria legislativa, millones de jóvenes y migrantes quedan en la incertidumbre sobre su capacidad de ejercer un derecho tan básico como el voto. Una vez más, la democracia paraguaya queda supeditada a los intereses de una clase política que prefiere excluir antes que enfrentar la diversidad de voces en las urnas.