¿Eliminaron histórica carga de marihuana sin orden judicial?

El pasado 26 de diciembre, la mayor incautación de marihuana prensada en la historia de Paraguay —57.850 kilos valuados en aproximadamente 22 millones de dólares— fue incinerada en un procedimiento que rápidamente generó polémica en el ámbito jurídico y político.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, quien incluso fue fotografiado cargando paquetes de marihuana hacia el sitio de incineración, un gesto que fue interpretado por muchos como un intento de protagonismo y lavado de imagen para su gobierno y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Este evento se da en medio de tensiones tras la suspensión unilateral de la cooperación entre Paraguay y la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE.UU.).

Orden judicial o fiscal: una confusión legal

Según la Circular F.G.E. N.º 21 emitida por el Ministerio Público, los fiscales están obligados a supervisar la incineración de sustancias ilícitas conforme a lo establecido en la Ley 1340/88, bajo control de un juez competente. Sin embargo, la abogada penalista y exministra de Justicia, Cecilia Pérez, señaló que la incineración de drogas debe realizarse únicamente bajo orden judicial, no fiscal.

“Si realmente fue una orden fiscal, esto sería una causal de enjuiciamiento, pero con el presidente presente difícilmente eso ocurra”, afirmó Pérez. Esta declaración pone en evidencia posibles irregularidades en el procedimiento, especialmente considerando que la droga incautada tenía como destino Brasil, lo que implica tráfico internacional y competencia exclusiva de los juzgados especializados en crimen organizado.

Críticas al protagonismo presidencial

El involucramiento directo de Santiago Peña en el procedimiento fue objeto de numerosas críticas por parte de la ciudadanía, que lo acusó de buscar protagonismo en un evento estrictamente técnico y legal. “Su participación no aporta al procedimiento y parece más un intento de desviar la atención de los problemas estructurales en la lucha contra el narcotráfico”, expresó un analista político.

Este incidente ocurre en un contexto delicado, marcado por cuestionamientos hacia la efectividad de la lucha antidrogas en Paraguay y la controversia generada por la decisión del gobierno de suspender la cooperación con la DEA.

La incineración de esta histórica carga de droga, lejos de ser un logro incuestionable, expone problemas legales, administrativos y políticos que ponen en jaque la credibilidad de las instituciones involucradas. Mientras se espera una aclaración oficial sobre las críticas legales, el evento pone en debate la seriedad y transparencia de las acciones del gobierno en la lucha contra el narcotráfico.