Gestión errática, llena de contradicciones

En un escenario de creciente presión internacional y cuestionamientos internos, el Gobierno de Paraguay enfrenta una de sus mayores crisis en política antidrogas tras el fallido intento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de cortar relaciones con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Lo que comenzó como una polémica decisión para “potenciar” las capacidades locales ha terminado en una evidente falta de estrategia y coordinación entre las autoridades del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Enrique Riera, quien inicialmente respaldó la decisión de Jalil Rachid, titular de la Senad, ahora admite que “no existe posibilidad” de que la institución funcione sin la cooperación de la DEA. Este reconocimiento pone en evidencia las profundas falencias en la planificación gubernamental y la falta de consenso en decisiones de alto impacto, especialmente en un país donde el narcotráfico ejerce una influencia descomunal en las instituciones.

El desenlace de una mala decisión

La controversia estalló tras la primera nota enviada el 6 de diciembre por Rachid, comunicando la decisión de interrumpir la colaboración con la DEA y trasladar el programa SIU (Unidad de Investigación Sensible) exclusivamente a la Policía Nacional. Este movimiento generó reacciones inmediatas tanto a nivel local como internacional, especialmente después de que The Washington Post revelara la carta, cuestionando la capacidad de Paraguay para combatir el narcotráfico sin el apoyo técnico y logístico de la agencia norteamericana.

La DEA, en respuesta, fijó el 5 de marzo de 2025 como la fecha límite para retirar todo su equipo y asistencia, dejando a la Senad en un limbo operativo. Frente a esta realidad, el Gobierno se vio obligado a redactar una nueva nota en la que, lejos de reafirmar su soberanía, buscó revertir el daño, reabrir la negociación y ratificar el acuerdo firmado en 2022.

Excusas y falta de liderazgo

Riera, en un esfuerzo por justificar el desatino, argumentó que se trató de un “error de comunicación” y una falta de contexto por parte de Rachid. Sin embargo, la tibieza de sus declaraciones contrasta con la gravedad del asunto. La admisión de que el presidente Santiago Peña avaló la decisión inicial muestra que el problema no es aislado, sino que refleja un patrón de improvisación y desconocimiento técnico en la alta esfera del Ejecutivo.

El propio Rachid, quien aseguró no renunciar a pesar de estar en la cuerda floja, se encuentra cada vez más debilitado políticamente. Su accionar no solo pone en peligro la continuidad de un programa clave para la lucha contra el narcotráfico, sino que también afecta la ya debilitada imagen de Paraguay en la comunidad internacional.

La sombra del narcotráfico y la crisis institucional

La decisión inicial de cortar lazos con la DEA parecía responder más a intereses políticos que a un análisis técnico profundo. En un país donde los tentáculos del narcotráfico han permeado sectores claves de la sociedad, resulta preocupante que las principales autoridades actúen con semejante falta de visión estratégica.

Por otro lado, la propuesta de incluir a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en el nuevo acuerdo con la DEA, aunque lógica en teoría, evidencia una intención desesperada por corregir un rumbo ya comprometido.

El costo de la improvisación

Enrique Riera, al asumir públicamente la necesidad de enmendar el error, pone en evidencia una fractura interna en la toma de decisiones. Si bien intenta salvar la imagen del Gobierno al recalcar que “la intención siempre fue mejorar la cooperación”, la realidad es que el daño ya está hecho.

Este episodio debe servir como un llamado de atención para la administración de Peña, que necesita urgentemente establecer políticas coherentes y técnicamente fundamentadas en su lucha contra el narcotráfico. En un contexto de creciente escepticismo ciudadano y presión internacional, el Gobierno no puede permitirse más errores de esta magnitud.

La lucha contra el narcotráfico no admite improvisaciones, ni errores de comunicación, ni mucho menos juegos políticos. La responsabilidad de actuar con firmeza y claridad recae directamente sobre las autoridades, quienes deben demostrar que están a la altura del desafío. De lo contrario, Paraguay seguirá siendo un terreno fértil para los intereses del crimen organizado, mientras la confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional se desmorona irremediablemente.