Ordenan arresto domiciliario de Luis Alberto Riart

En una resolución emitida recientemente, el Juzgado Penal de Ejecución N.º 3, especializado en Crimen Organizado, concedió prisión domiciliaria al exministro de Educación y Cultura, Luis Alberto Riart Montaner. La medida fue adoptada luego de que la defensa técnica del condenado presentara el incidente correspondiente, argumentando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Ejecución Penal.

Según el fallo judicial, Riart Montaner deberá cumplir el resto de su condena en su residencia ubicada en la ciudad de Asunción, específicamente en la calle Juan Zorrilla de San Martín N.º 1625 casi Pinzón, del barrio San Vicente. La disposición establece estrictas medidas de control, incluyendo supervisión mensual por parte del Trabajador Social designado, quien informará periódicamente al Juzgado sobre las condiciones del cumplimiento. Asimismo, el condenado no podrá abandonar el país ni cambiar de domicilio sin previa autorización judicial.

El tribunal aclaró que la prisión domiciliaria podrá ser revocada en caso de incumplimientos graves. Además, el traslado fuera del domicilio sin autorización está estrictamente prohibido.

La decisión de otorgar este beneficio a Luis Alberto Riart Montaner generó reacciones mixtas, dado su pasado como figura pública y los cargos que lo llevaron a su condena. El documento oficial también establece que se notifique y remita copia de la resolución a la Corte Suprema de Justicia para los efectos legales pertinentes.

Luis Alberto Riart Montaner, exministro de Educación durante el gobierno de Fernando Lugo, fue condenado a tres años de prisión por lesión de confianza. El caso estuvo relacionado con la compra irregular del edificio Excelsior para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 2014. El inmueble, que estaba valuado en 12.579 millones de guaraníes, fue adquirido por 14.045 millones bajo un procedimiento de excepción que luego se cuestionó por falta de urgencia y presuntas irregularidades. Este sobreprecio generó un daño patrimonial al Estado.

La condena fue ratificada por la Corte Suprema tras varios recursos legales presentados por su defensa, pero finalmente se ordenó su cumplimiento en 2024.