Ley de la Función Pública: del caos administrativo a la modernización, el proyecto que busca cambiarlo todo

El Senado aprobó un proyecto de ley que busca transformar profundamente la administración pública. La propuesta, conocida como “De la función pública y la carrera del servicio civil”, reemplazaría a la Ley N.º 1626, vigente desde hace más de dos décadas. El senador colorado Mario Varela resaltó la urgencia de avanzar en esta reforma, argumentando que el marco legal actual se encuentra desactualizado y es casi inaplicable debido a los múltiples artículos declarados inconstitucionales.

Una ley desgastada y una administración en crisis

Varela no dudó en describir el estado crítico de la normativa vigente. Según el legislador, la Ley de la Función Pública, en lugar de facilitar una gestión eficiente, ha generado trabas que dificultan el correcto funcionamiento del servicio civil. “La legislación actual quedó obsoleta; no responde a las demandas de una administración pública moderna. Si queremos un Estado eficiente, necesitamos actualizar nuestra normativa”, expresó.

El proyecto de ley apunta a sanear y reorganizar la carrera del servicio civil. Entre los objetivos clave se encuentran establecer un marco claro para las contrataciones, garantizar la transparencia en los procesos administrativos y reducir los espacios para prácticas como el nepotismo. “Sabemos que esta transición puede ser traumática para algunos sectores, pero es una asignatura pendiente en nuestra democracia”, afirmó Varela, en entrevista con El Nacional.

Exclusión de los poderes Legislativo y Judicial

Uno de los puntos que más controversia ha generado es la exclusión de los poderes Legislativo y Judicial de la aplicación de esta normativa. Ante las críticas, el senador explicó que esta decisión se basa en la necesidad de preservar la autonomía de dichos poderes.

“Estos representan apenas el 3% del funcionariado público, mientras que el 97% está bajo el Ejecutivo. La ley se aplicará a este último sector. No se trata de un privilegio, sino de una medida que respeta el equilibrio constitucional”, detalló Varela.

El senador advirtió sobre los riesgos de concentrar demasiadas atribuciones en el Ejecutivo. “Si eliminamos la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, estaríamos comprometiendo el control recíproco entre instituciones. No podemos convertir al Ejecutivo en un ente omnipotente. Cada poder debe mantener su independencia para garantizar la democracia”, subrayó.

Nepotismo y discrecionalidad bajo la lupa

El proyecto también aborda cuestiones sensibles como el nepotismo y la discrecionalidad en las contrataciones. Una de las medidas más destacadas es la limitación del número de asesores por legislador, estableciendo un máximo de tres. Esta disposición busca frenar los abusos que históricamente han generado críticas entre la ciudadanía.

“Es imperativo poner freno a la discrecionalidad. No podemos ignorar las críticas válidas de la población sobre los excesos en contrataciones. El proyecto plantea reglas claras para combatir estas prácticas y, al mismo tiempo, garantizar la eficiencia en el gasto público”, comentó Varela.

El legislador también indicó que existen otros proyectos en carpeta para regular específicamente la carrera parlamentaria. Estas iniciativas buscan evitar casos de nepotismo y fortalecer la transparencia en el ámbito legislativo.

Equilibrio de poderes y control del gasto público

Aunque Varela reconoció la necesidad de reducir el gasto público y controlar el déficit fiscal, advirtió que estas prioridades no deben poner en riesgo la autonomía de los poderes del Estado. “El Ejecutivo no puede determinar cuántos asesores necesita el Legislativo o cómo debe gestionar sus recursos. Esto comprometería el equilibrio de poderes y debilitaría nuestra democracia”, enfatizó.

El senador destacó que el grueso del presupuesto público se concentra en el Ejecutivo, por lo que resulta lógico que la reforma se enfoque en ese ámbito. Sin embargo, defendió la necesidad de que el Legislativo y el Judicial cuenten con normativas específicas que se adecúen a sus particularidades.

“Lo que buscamos con esta reforma es un equilibrio real entre los poderes del Estado, sin mutilar el espíritu de la ley ni comprometer su efectividad. Necesitamos avanzar hacia una gestión pública moderna que también respete nuestra Constitución”, agregó.

Una asignatura pendiente para la democracia paraguaya

Para finalizar, Varela insistió en que esta reforma es fundamental para sanear la administración pública y promover una gestión eficiente. Reconoció que el cambio puede ser difícil, pero lo consideró necesario para fortalecer las bases de una democracia que todavía enfrenta desafíos importantes en términos de transparencia y eficiencia.

“La crítica de la ciudadanía es válida, y como legisladores, tenemos la obligación de atender esas inquietudes. No se trata solo de reducir costos o evitar escándalos; se trata de construir un Estado más funcional y equitativo. Esta es una oportunidad para marcar un antes y un después en la historia de nuestra función pública”, concluyó el senador.