Peña promulga Ley que aumenta controles sobre ONGs

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), marcando un hito en la gestión de estas entidades en Paraguay. “Esta normativa establece un régimen de transparencia que busca optimizar la coordinación entre las OSFL y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y maximizando el impacto positivo en la ciudadanía”, señala el documento.

“La Ley permitirá fortalecer la confianza entre las organizaciones y los ciudadanos, garantizando que los recursos y esfuerzos de las OSFL realmente lleguen a quienes más lo necesitan”, destacó el mandatario.

Entre los aspectos clave de la Ley, se incluye la creación de un registro oficial de OSFL, el cual centralizará información sobre su funcionamiento, objetivos y uso de recursos. “Este registro será una herramienta crucial para promover la transparencia y evitar el mal uso de recursos destinados a fines sociales”, se menciona.

Con el objetivo de asegurar una implementación efectiva y participativa, Peña instruyó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a trabajar, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), en la reglamentación de la Ley. “Este proceso debe incluir a todos los sectores involucrados, desde las organizaciones hasta la ciudadanía, para que juntos diseñemos un marco que garantice resultados reales”, enfatizó el presidente.

En Paraguay, la reciente promulgación de la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) ha generado un intenso debate público. La normativa, que busca establecer un registro oficial y un régimen de rendición de cuentas para las ONG, ha sido bien recibida por sectores que abogan por la transparencia y el buen uso de los recursos. Sin embargo, varias organizaciones han expresado su preocupación, argumentando que la Ley podría ser utilizada para ejercer un control excesivo sobre su labor, limitar su autonomía y dificultar su funcionamiento.

El Gobierno, liderado por el presidente Santiago Peña, ha defendido la Ley como una herramienta para fortalecer la confianza entre las ONG y la ciudadanía, asegurando que la reglamentación será participativa e incluirá a todos los sectores involucrados. A pesar de estas garantías, las tensiones persisten, con llamados desde la sociedad civil a garantizar que la normativa no se convierta en un mecanismo de fiscalización indebida o represión.