Poder y control: polémica Ley de Servicio Civil

En una sesión intensa, la Cámara de Senadores de Paraguay aprobó el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”, un avance significativo en la regulación del empleo público que ha generado un amplio debate. La normativa busca garantizar derechos laborales en el sector público y fortalecer la carrera civil, pero las controversias no se hicieron esperar.

Derechos laborales y autonomía de los poderes

Desde el bloque oficialista, los senadores defendieron el proyecto afirmando que protege los derechos laborales y garantiza la inclusión de todos los poderes del Estado, incluyendo al Congreso. Sin embargo, durante la discusión, varios senadores hicieron hincapié en la importancia de mantener la autonomía e independencia de cada uno de los poderes, argumentando que dicha autonomía está sustentada en la Constitución Nacional.

Por otro lado, algunos legisladores, tanto oficialistas como opositores, se mostraron favorables a desarrollar un proyecto de ley que regule la carrera legislativa, una medida que, según ellos, mejoraría la profesionalización y reduciría el clientelismo.

Senado aprueba en general Ley del Servicio Civil

Críticas por el “superpoder” del ministro de Economía

El proyecto ha suscitado críticas en torno al poder que se otorgaría al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien tendría una influencia significativa sobre la autorización de contrataciones en diversas instituciones del Estado. La senadora Esperanza Martínez advirtió que esta normativa responde a una “mirada económica”, con énfasis en el control fiscal y la reducción del gasto público, lo cual también incluye limitar el salario de funcionarios. “La intención es controlar el gasto público para pagar la deuda”, declaró Martínez.

En tanto, el senador Rafael Filizzola señaló que el problema en la función pública no se reduce a la normativa, sino al clientelismo político y al “padrinazgo”, que han llevado a numerosos abusos. Según Filizzola, la nueva normativa podría permitir que ciertos contratados sean nombrados de manera “natural” tras una década en el cargo sin necesidad de concurso, lo que considera una forma de evadir la transparencia.

Reclamos de la ciudadanía y “nepobabies”

La senadora Yolanda Paredes expresó el descontento de la ciudadanía hacia el sistema de selección de funcionarios públicos, donde la injerencia política ha sido la norma. En palabras de Paredes, “se usan como agencia de empleos para la parentela”, y dudó que la nueva ley pueda cambiar esta práctica de favoritismo. También afirmó que el poder concentrado en el Ministerio de Economía, encabezado por el ministro Valdovinos, solo refuerza el status quo.

La senadora Celeste Amarilla subrayó los abusos a los que son sometidos los funcionarios, a menudo extorsionados para apoyar actividades políticas o mal remunerados. “Puede ser el inicio del fin de esa práctica perversa o también el fin de los funcionarios inescrupulosos que buscan favores o aumentos”, agregó Amarilla, refiriéndose a la cultura de clientelismo.

¿Nueva era para el empleo público?

Preocupación por el impacto en el sector privado

La normativa también ha despertado preocupación en torno a su impacto en el sector privado. El senador Colym Soroka, independiente, advirtió que la ley no solo afectará a los empleados públicos, sino que también tendrá implicaciones para el sector privado, tocando aspectos que podrían influir en los derechos laborales de este ámbito.

Una reforma controversial con puntos a mejorar

El proyecto de ley de Función Pública y Servicio Civil ha avanzado con apoyo oficialista y cuestionamientos opositores. Mientras los legisladores debaten los detalles en el tratamiento particular, la ciudadanía y los mismos senadores coinciden en la necesidad de una reforma profunda que asegure transparencia, profesionalización y respeto a la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, los puntos controvertidos —principalmente la concentración de poder en el Ministerio de Economía y el posible mantenimiento del clientelismo— sugieren que aún queda un largo camino para lograr una ley que responda a todas las expectativas.