Política
Insistirán con derogar la CBI
Los senadores cartistas Gustavo Leite y Dionisio Amarilla encabezan la polémica comisión bicameral. Foto: Senado.
Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes 29 de octubre se incluyó nuevamente el proyecto que busca la derogación de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso. La iniciativa ya fue incluida en la sesión del 22 de octubre, sin embargo, no pudo ser tratada, ya que el pleno quedó sin cuórum al momento de su tratamiento.
Se trata del proyecto (Exp. N.º D-2480895) que pretende “derogar la resolución N.º 1336, de fecha 12 de junio de 2024, y, en consecuencia, anular las diligencias realizadas por la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”.
El proyecto presentado por los diputados Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) y Johanna Ortega (Partido País Solidario), refiere que “las diligencias realizadas por la comisión atentan contra derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inmediata la apertura de una investigación del Ministerio Público”.
El proyecto no solo apunta a eliminar la Comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha. El documento cuenta con el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de cuyos 21 miembros, solo dos diputados opositores, firmaron el visto favorable: el abdista Roberto Eudez González y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).
La “Comisión Garrote” es un apodo dado a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos en el Congreso. Esta comisión ha generado controversia debido a su enfoque, que según críticos, se ha desvirtuado de sus propósitos originales para perseguir y difamar a organizaciones de la sociedad civil (ONG).
Diversas voces, incluidas las de legisladores de oposición y ONG, han señalado que la comisión opera con un sesgo político, y la han acusado de utilizar sus investigaciones para atacar a organizaciones que reciben fondos internacionales, en especial aquellas vinculadas a derechos humanos y democracia.
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