Cualquier tipo de ayuda a Horacio Cartes será pasible de más sanciones, explica abogado

El doctor Marcio Battilana, abogado de delitos económicos, con experiencia en el sistema penal de los Estados Unidos, explicó a El Nacional algunas implicancias del proceso administrativo de sanción que lleva adelante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, siglas en inglés) del Departamento de Estado en contra el expresidente Horacio Cartes y la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).

El experto en la materia también fue consultado sobre últimos movimientos del gobierno nacional respecto a la convocatoria del embajador de dicho país, Marc Ostfield, y el posterior pedido oficial para acelerar su salida del país, atendiendo a que el alto funcionario diplomático se encuentra en la fase final de su misión en Paraguay.

Si bien Battilana aclaró que no tiene una valoración personal sobre la política diplomática del gobierno de Santiago Peña, explicó que la toma de decisiones dentro de la misma corresponde completamente al Ejecutivo de turno.

“Como siempre explico, la política diplomática siempre es una cuestión del Ejecutivo de turno y es soberano de decidir lo que le parezca. El sistema diplomático funciona con base en acreditaciones. Si viene una persona de otro país, el país que fuere y presenta sus credenciales, se le acepta, se le otorga lo que se llama estatus diplomático, se le otorgan ciertos niveles de inmunidad por reglas de reciprocidad y demás”, indicó.

En ese sentido, refirió que si el día que dicho representante diplomático haga algo que no le guste o que le traiga disgusto al Ejecutivo, perfectamente el Ejecutivo tiene la potestad de llamarle a hacer preguntas. “Y, eventualmente decirle, mirá, te retiro tus credenciales y ya no tenés carácter diplomático o se te puede declarar persona no grata y eso es peor. Ahora, esto que hicieron, es realmente bastante sui generis, “te invito a que te vayas más rápido”. Ok, eso sí, eso sí no tiene precedente. O sea, eso no está arreglado en ningún tratado internacional”, refirió.

Abogado Marcio Battilana, especializado en delitos económicos. Foto: Gentileza.

Cartes no es un ciudadano común

Consultado sobre hasta qué punto la sanción contra Tabesa, empresa privada, puede ser considerada como asunto de Estado, Battilana respondió que la situación sería muy diferente si la decisión administrativa de la OFAC no afectaba a una persona que no fuera un civil común, refiriéndose a Horacio Cartes, quien es un expresidente de la República y senador vitalicio, según mencionó.

“Es que la discusión no es una cuestión de soberanía o no, es una discusión de ciudadanos paraguayos en general, o sea, varios ciudadanos que han sido afectados por legislación extranjera, por situaciones que esa legislación considera pasible de algún tipo de consecuencia, en este caso con inclusión en una lista. Porque recordemos que el expresidente Cartes y ex vicepresidente Hugo Velázquez no son los únicos que figuran, son varios los paraguayos que figuran en la lista”, remarcó.

El abogado añadió que entiende la postura del Ejecutivo, porque está hablando de un expresidente. “O sea, no es un ciudadano de a pie, común. Entonces, por supuesto que sí podría haber algún tipo de connotación más delicada. Y en cuanto a la empresa privada, sí, si fuese otra situación, te diría, sí, ¿por qué vamos a hacer tantos problemas por una empresa privada ajena? Pero en este caso es una empresa privada vinculada a esta otra persona delicada. Guste o no guste, el señor Cartes fue presidente de la República de Paraguay y sigue siendo senador vitalicio. Es una persona políticamente expuesta”, expuso.

Decisión administrativa no contempla la defensa previa

En otra parte de la entrevista, Battilana habló sobre el debate de si existió o no derecho a la defensa en el contexto de la última ampliación de la sanción de la OFAC contra Tabesa. En ese sentido, el profesional prefirió hacer un paralelismo con casos en Paraguay para tener obtener un mayor entendimiento.

“Por el ejemplo, el caso de un aportante al Fisco. Entonces, si a mí ahora mismo me llega una notificación de la SET donde me dice “tráeme todas tus facturas de los últimos cinco años”. Yo tengo que entregarle y si pregunto por qué, me responden porque están fiscalizando. Yo no participo de ese proceso y luego salen con una fiscalización donde dice que debo mucha plata. Entonces, querés discutir y vas a sumario. Ahí recién podés reclamar, pero la sanción ya está”.

En ese contexto explicó que no existió el derecho a la defensa porque no hubo una participación de la parte afectada en el proceso previo a la conclusión administrativa. “Las decisiones administrativas son siempre mil por ciento discrecionales. Y por supuesto que eso se observa como arbitrario. Y la definición de arbitrario no hay que tenerle miedo. La definición de arbitrario es una decisión tomada por un órgano jerárquicamente insuperable dentro del órgano. (…) Entonces, las decisiones arbitrarias pueden sonar injustas. Y está bien, para eso tenemos que ir a discutir luego. No existe una vacuna contra eso”, aseveró.

En este caso particular, de EE. UU. vs Tabesa, recordó que la sanción del año pasado era porque tenía un socio con más del 50% de las acciones que está sancionado, refiriéndose a Cartes, lo que resulta en la causal de la inclusión de la empresa en la “lista negra”. Entonces, lo que sale a decir Tabesa es que Cartes ya se desprendió de sus acciones antes de ser sancionado, sin embargo, vendiendo dichas acciones a la propia empresa. La misma se compromete a pagarle todo en un plazo de 6 o 7 años. “Entonces, la OFAC dice “fantástico, ya no es tu accionista, pero ahora es tu mayor acreedor”, y le sanciona”.

“Además, la legislación en Estados Unidos dice “cualquier tipo de ayuda”. Ya no importa más la moneda o no porque la legislación dice eso claramente, cualquier tipo de pago o de ayuda a una persona sancionada, lleva a otra sanción. Seguís negociando con alguien que está en la lista y eso va en contra de la Ley de los EE. UU. Ahora, lo que se hizo acá es 100% válido, legal, no existe nulidad de nada”, dijo, aclarando que el conflicto se encuentra en la ley americana y no con la normativa paraguaya.