Control a ONG: ¿Causa justa o plan autoritario?

Este lunes, el oficialismo pretende aprobar el proyecto que establece el control y rendición de cuentas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Los colorados sostienen que las ONG tienen que transparentar el origen y uso de sus recursos que, en algunos casos, son de origen público. Desde la oposición y la sociedad civil en general rechazan rotundamente la normativa, denunciando que atenta contra la libertad de asociación y acceso a financiamiento, además de contraponerse con la Constitución Nacional.

Este lunes, el oficialismo pretende aprobar el proyecto que establece el control y rendición de cuentas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Los colorados sostienen que las ONG tienen que transparentar el origen y uso de sus recursos que, en algunos casos, son de origen público. Desde la oposición y la sociedad civil en general rechazan rotundamente la normativa, denunciando que atenta contra la libertad de asociación y acceso a financiamiento, además de contraponerse con la Constitución Nacional.

A las 14:00 de este lunes, la Cámara de Senadores sesionará de manera extraordinaria para tratar como único punto el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.

La petición fue realizada mediante la firma de un total de 20 senadores colorados. “Este proyecto contempla 3 ejes principales, la transparencia, la rendición de cuentas y el control de todas las organizaciones sin fines de lucro. Queremos que toda la ciudadanía en general tenga acceso a los datos (respecto al manejo de recursos)”, sostuvo el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase.

“Si los otros colegas tienen propuestas diferentes, entonces que puedan hacerlo en el pleno. Yo creo que vamos a tener el quorum necesario y la cantidad de votos para aprobar el proyecto de ley”, indicó.

En la exposición de motivos, la iniciativa menciona que tiene por objeto cubrir una laguna existente en nuestra legislación que se abstiene de regir y regular el accionar de organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional e internacional, a ser destinados o que de alguna manera guarden relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, municipalidades y demás entes públicos.

Radiografía de las ONG

A su vez, el senador Gustavo Leite defendió la propuesta y reiteró que tiene el fin de que se presenten sus rendiciones de cuentas para conocer de dónde provienen sus recursos y qué uso les dan. Alegó que genera sospechas que algunos se opongan a este monitoreo.

“He escuchado un montón de mentiras, me llama la atención cuando la intelectualidad paraguaya recurre a mentiras porque no tienen argumentos para sostener que cuando se trata de ellos, no va la transparencia y la rendición de cuentas, entonces eso quiere decir que vamos por buen camino”, manifestó.

El oficialismo también argumenta que las ONG están exentas del pago de impuesto a la renta personal por ser entidades del bien público y afirma que las que reciben recursos del Estado están sujetas a controles de la Contraloría General de la República. Sin embargo, mencionan que las que reciben dinero del extranjero o de ciudadanos privados, escapan de todo tipo de control.

Amplío rechazo de sociedad civil

Tras el anuncio de la aceleración del análisis del proyecto, varios sectores de la sociedad civil e incluso gremios empresariales, se manifestaron en contra de la propuesta o parte de ella. Políticos mencionan que se trata de un proyecto autoritario mediante el cual el oficialismo pretende controlar y limitar la actividad de estas organizaciones.

Representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de Paraguay (OSFL – ONG) expresaron que bajo la premisa de promover el control, se introducen medidas que afectarían gravemente el derecho a la libertad de asociación, obstaculizarían el acceso a financiamiento y generarían un marco regulatorio excesivamente burocrático y punitivo para las diversas instituciones.

“Enfatizamos los puntos que consideramos críticos y que podrían afectar de forma negativa el derecho a la libertad de asociación, vulnerando convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (Art. 22) y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 16), ratificados por Paraguay:
Contraposición a normas legales y constitucionales: el proyecto viola el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada (Art. 36), la libertad de concurrencia, la libertad de asociación y principios básicos del derecho administrativo”, menciona parte del comunicado.

Menciona también que el documento pretende que el Estado se apropie de recursos privados de las OSFL, centralizando su administración en el Ministerio de Economía y Finanzas, atentando contra la autonomía e independencia de estas organizaciones (Art. 9 de la propuesta de ley).

Además, cuestionan que las multas de hasta mil salarios mínimos, suspensiones e incluso disolución, sin un debido proceso ni garantías legales, requisitos de información excesivos y onerosos, obstaculizando la gestión y el acceso a financiamiento de las OSC. “Ante esta situación, y analizando la gravedad que representa, es imperativo que se revise el contenido del proyecto de ley para garantizar que se cumplan las buenas prácticas y los estándares internacionales para regular el sector de las OSFL”, exponen.

Patrimonio documental es inviolable

El abogado Ezequiel Santagada, por su parte, mencionó que las organizaciones sin fines de lucro, son la expresión de la organización colectiva de algunos integrantes del pueblo que se unen alrededor de una causa de interés público y tienen derecho a exponer sus puntos de vista, a peticionar a las autoridades y ocupar los espacios de participación previstos en la Constitución y la ley.

“Las OSFL que trabajan en temas de interés público en su mayoría hacen público quién las financia y para qué; no operan en la clandestinidad, no son asociaciones secretas. ¿Querés que eso esté por ley? Perfecto; no creo que nadie se oponga. Ahora bien, las OSFL son organizaciones de derecho privado que tienen garantizado constitucionalmente la inviolabilidad de su patrimonio documental. Y lo tienen porque son organizaciones compuestas por particulares, no estructuras estatales”, argumentó, en entrevista con El Nacional.

El experto agregó que las obligaciones de rendición de cuentas son para el Estado, que decide legislando, aplicando la ley y resolviendo conflictos sobre la libertad, el patrimonio y la honorabilidad de las personas con el dinero que tributan esas personas. “Esas obligaciones no son un arma que tiene el Estado para imponer obligaciones gravosas a los particulares y afectar así su derecho fundamental a la libre asociación”, sentenció.

Aplicación “absurda”

El proyecto prevé que “cualquier persona física o jurídica o estructura jurídica que reciba o administre fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, que de alguna manera tengan relación con sectores de competencia del Estado” son considerados OSFL. “¡En esa definición entra TODA estructura jurídica que se relacione con el Estado! (contratistas del Estado, contrapartes privadas de APP, concesionarios de servicios públicos y otros) ¡Y hasta seres humanos en forma individual!”, dimensionó.

“También incluye a “organismos internacionales reconocidos por la República y demás personas jurídicas extranjeras”. Pues bien, según el artículo 92 del Cód. Civil, también son personas jurídicas. Ergo, siguiendo la lógica de este proyecto, ¡los Estados extranjeros tendrán que inscribirse en el registro de OSFL! Resalté esas disposiciones absurdas del propio texto trabajado en el Senado”, adujo.

Gremios empresariales piden mayor diálogo

Desde la organización de la 41° Edición de la Expo, el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) Enrique Duarte se refirió al tema que también les afecta como institución gremial, instando a los legisladores a tener “algo de consideración” con aquellas organizaciones que están en algo diferente, como es el desarrollo del país.

Duarte mencionó que las organizaciones gremiales de por sí ya tienen actualmente un control estricto establecido y como organizaciones formales debe cumplir con requisitos en la parte tributaria, de seguridad social, y todo lo que tiene que ver con la legislación antilavado. “Para nosotros talvez no exista mayores problemas, pero a otras organizaciones más pequeñas si les va a afectar mucho”, expresó.

Según precisó, el proyecto establece algunos niveles de multas por contravención poco altas y exigencias de contar con oficial de cumplimiento, que va a complicar a muchas poder cumplir por el costo esto genera.

El senador Eduardo Nakayama denunció que el proyecto de ley es inconstitucional y que sigue el ejemplo autoritario de la región, como ocurrió en Venezuela o Nicaragua, o incluso comparando con el gobierno de Rusia a nivel internacional.