Transporte para todos, informes también

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó recientemente que el plan de transformación del transporte público de pasajeros demandará una inversión inicial de USD 300 millones provenientes de Itaipú. Sin embargo, el proyecto de ley sigue sin socializarse y no se sabe a ciencia cierta en qué se utilizará el multimillonario monto, aparte de la compra de buses.

La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (OPAMA) -organismo no gubernamental- informó que no recibieron el documento oficial del Viceministerio del Transporte (VMT), es decir, pese a la campaña por el pedido de informes sobre esta anunciada reforma estructural del servicio, desde el sector público se llamaron a silencio.

Urgen relevamientos e información de calidad con libre acceso al público, a investigadores académicos, a la cooperación internacional, gestores públicos, a las empresas interesadas en prestar dicho servicio, como punto de partida en el diseño de los nuevos proyectos, tanto urbanos, suburbanos e incluir las áreas rurales donde la gente deje de caminar hasta sus casas, centros educativos o lugares de trabajo por falta de transporte.

La ausencia de planificación quizá sea uno de los mayores déficit en cuanto a gestión y gobernanza urbana. En general, los gobiernos y actores empresariales impulsan una política que pretende construir proyectos mediocres -y de corto plazo- bajo el argumento de que no existe tiempo ni recursos para desarrollarlos adecuadamente, cuando en realidad es una excusa para mantener el statu quo de una a situación que ya resulta impostergable en su reforma.

El transporte público debe ser encarado como una política de Estado transectorial, es una cuestión social y económica. La puntualidad en los horarios de los itinerarios, la seguridad en el transporte de personas y la forma de adjudicarse los itinerarios y que los mismos contemplen integrar a los conos urbanos al resto de ciudades dormitorio, deberían ser temas de prioridad en la agenda de Gobierno, como así también la identificación y posterior sanción a los responsables de ser comprobados los fraudes al erario y menoscabo en la calidad de vida de los ciudadanos paraguayos.