Las cuatro veces que Sandra Quiñónez se salvó del juicio político

Ayer fracasó un nuevo intento de enjuiciar políticamente y lograr la destitución de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien está acusada por varios legisladores de la oposición y del oficialismo, de supuesto mal desempeño de funciones y selectividad en investigaciones que salpican con hechos de corrupción a importantes líderes políticos.

De esta manera, ya son cuatro las oportunidades en que se presentaron pedidos de juicio político en contra de la responsable del Ministerio Público, en los últimos dos años, que no tuvieron trámite favorable.

El primer antecedente de intento de juicio político para la fiscal general fue el 27 de mayo de 2020. En aquella oportunidad, se produjo un pacto entre legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde 58 votos desplomaron la intención de enjuiciarla.

El segundo proceso de juicio fue el 16 de marzo de este 2022. Fue el primero de las tres veces que en un solo año una misma funcionaria estatal se salvaría de la destitución.

El intento número tres que parecía ser “la vencida” porque faltaban apenas entre dos a tres votos, también fue truncado. Hace casi un mes, el 8 de agosto último, dos diputados del sector oficialista más 18 liberales dieron una mano al cartismo y se impuso nuevamente la salvación, pues la FGE se libró de ser enjuiciada.

En aquella ocasión de manera llamativa los que dieron cuórum dijeron que finalmente se confundieron y no hicieron números para que en bloque se posponga un poco más el tratamiento del libelo acusatorio hasta tanto conseguir los votos necesarios.

Rechazan por cuarta vez pedido de Juicio Político a la FGE @SandraQuinonezA

Nómina de votos de @DiputadosPy #1020AM pic.twitter.com/2pqHcw7Nxi

— Radio Ñandutí (@nanduti) September 7, 2022

La cuarta ocasión, igualmente no prosperó

Ayer miércoles la Cámara de Diputados no reunió los votos necesarios para aprobar el nuevo proyecto de resolución que tenía por objetivo el juicio político de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por cuarta vez. La intención obtuvo 47 votos a favor; 27 votos en contra; y tres votos en blanco (hubo tres ausencias).

Así las cosas, fue remitido al archivo el documento “Por el que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional”, que fuera presentado por los diputados Pastor Vera (PLRA); Rodrigo Blanco (PLRA); Emilio Pavón (PLRA); Fernando Oreggioni (PLRA); Sergio Rojas (PLRA); Roya Torres (PLRA); y Ariel Villagra (PLRA).

La iniciativa contaba con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en mayoría, por la aprobación; y en minoría por el rechazo; mientras que el principal sustento de acusación era el de “mal desempeño de funciones en el ejercicio del cargo”.

“Significativamente corruptos”

El legislador Vera Bejarano fue el encargado de sintetizar los argumentos favorables al juicio político. Indicó que a todas las causales ya debatidas a profundidad en su momento (anteriores pedidos de juicio político), se agregaron nuevos méritos para asumir la decisión de enjuiciar a Quiñónez Astigarraga.

Comentó que fueron agregados como nuevos elementos la inacción de la Fiscalía ante la declaración del expresidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, como “significativamente corrupto”, por parte de los Estados Unidos de América.

Igualmente, mencionó como nueva causal un informe de la Fundación InSight Crime, que señala el vínculo del mencionado exmandatario con el crimen organizado.

A su vez, el parlamentario detalló aspectos que hacen a “la absoluta inacción y comprobada falta de investigación con referencia a Sebastián Marset”, prófugo, hasta el momento, con vínculos en los sonados casos Smart y A Ultranza PY (narcotráfico).

Cartismo defendió a Quiñónez

Luego de los argumentos detallados, hicieron uso de palabra otros diputados como Basilio Núñez (ANR), y Derlis Maidana (ANR). El primero habló de “un atentado contra la institucionalidad”, y acusó a varios sectores de querer tener “una fiscal general a medida”. Instó a sus colegas, seguidamente, a votar en contra de la solicitud. Por su parte, Maidana, en concreto, pidió que se pase a votar ya que todas las posturas estaban asumidas y eran ampliamente conocidas por la opinión pública.

La votación se desarrolló en forma nominal y, finalmente, el proyecto de resolución fue remitido al archivo.