La era digital no espera a Paraguay

En esta era multipolar y tecnológica, donde la identidad y la seguridad digital se han convertido en el petróleo del siglo XXI, los Estados buscan nuevas formas de proteger a las personas frente al auge del cibercrimen, los ataques informáticos y el terrorismo digital. Ya en 1995, la Unión Europea vislumbró el impacto que tendría el avance tecnológico sobre la privacidad humana y apostó por una legislación pionera: la Directiva 95/46/CE, que años después sería reemplazada por el actual General Data Protection Regulation (GDPR) (en español, Reglamento General de Protección de Datos), la norma que regula el tratamiento de la información personal de quienes se encuentran en la Unión Europea, con el fin de proteger su privacidad y asegurar que cada individuo conserve el dominio sobre su identidad digital. 

Según el artículo 3 del GDPR, ningún país, empresa o institución puede acceder o tratar datos de ciudadanos europeos sin cumplir sus estándares de protección, lo que lo convierte en un requisito indispensable para cualquier relación comercial o gubernamental con la Unión Europea. Aquella visión, consolidada en 2018, convirtió a Europa en el referente mundial de los derechos digitales, estableciendo que la dignidad de la persona debía prevalecer sobre cualquier interés comercial o estatal. 

Siguiendo este modelo, Argentina aprobó en el año 2000 su Ley 25.326, reconocida por la Comisión Europea en 2003 como equivalente al estándar europeo. Uruguay hizo lo propio en 2008 con su Ley 18.331, recibiendo el mismo reconocimiento en 2012. Brasil, finalmente, promulgó en 2018 su Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), inspirada directamente en el GDPR y en vigor desde 2020. Cada uno de estos países comprendió que proteger los datos personales no es un acto burocrático, sino un compromiso con la libertad de sus ciudadanos.

Paraguay, en cambio, se ha estancado. La única legislación vigente, la Ley 6534/2020, se limita al ámbito crediticio y deja sin regulación el resto de la vida digital. En agosto de 2025, el Congreso debatió un proyecto de ley integral de protección de datos personales, inspirado originalmente en el modelo europeo. Sin embargo, las modificaciones introducidas en el Senado desvirtuaron su propósito: en lugar de reforzar los derechos de los ciudadanos, parecían orientadas a proteger la imagen de los funcionarios públicos. Organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación (TEDIC), una ONG paraguaya dedicada a la defensa de los derechos digitales, advirtieron que el nuevo texto podría restringir el acceso a la información pública, debilitando la transparencia institucional. 

El reciente debate legislativo sobre la ley de protección de datos personales en Paraguay revela un patrón más profundo. En lugar de concentrarse en proteger a las personas o preparar al país para una economía digital competitiva, el proyecto ha despertado sospechas de buscar blindar la imagen de los funcionarios públicos frente al escrutinio ciudadano. No se trata solo de una disputa jurídica, sino de una señal cultural: seguimos interpretando las leyes no como instrumentos para fortalecer la sociedad, sino como escudos de poder. 

Con el futuro tratado Mercosur-Unión Europea, la pregunta se vuelve inevitable: ¿cómo podrá Paraguay aprovechar ese acuerdo si la propia Unión Europea exige, por ley, que toda empresa o institución que trate datos de ciudadanos europeos cuente con una autoridad reguladora certificada y estándares equivalentes al GDPR? Sin una ley moderna, Paraguay quedaría excluido de los beneficios del comercio digital, incapaz de garantizar seguridad jurídica a las empresas y confianza a los inversores. 

Aprobar la ley, sin embargo, sería apenas el comienzo. Lo verdaderamente desafiante será construir la infraestructura, capacitar a las empresas y educar a los ciudadanos para desenvolverse en la economía del dato. Porque el riesgo no está solo en no tener una ley, sino en lo que esa ausencia revela: una distancia cada vez mayor entre el progreso técnico y la conciencia humana. Y mientras el mundo avanza hacia una ética de la transparencia y la responsabilidad digital, Paraguay parece usar el lenguaje del futuro para sostener las prácticas del pasado. 

Si la Unión Europea entendió que proteger los datos era proteger la dignidad, Paraguay debe comprender que legislar no basta: se trata de transformar la manera en que un país concibe el conocimiento. Su rezago no se explica únicamente por la falta de leyes, sino por una carencia más profunda: la incapacidad de articular una visión nacional sobre la era digital. Las naciones que prosperan en el siglo XXI no lo hacen por sus recursos naturales, sino por su capacidad de innovar, de adaptarse y de aprender. 

El economista británico Chris Freeman, considerado el padre de la innovación moderna, sostenía que el progreso tecnológico no ocurre en el vacío, sino dentro de lo que llamó paradigmas tecnoeconómicos: marcos culturales, institucionales y educativos que determinan cómo una sociedad adopta (o desperdicia) la tecnología disponible. Según Freeman, cada revolución industrial genera nuevas oportunidades, pero solo los países que crean las instituciones adecuadas logran aprovecharlas. Los demás quedan atrapados en la periferia del cambio, observando desde lejos. 

Paraguay corre precisamente ese riesgo. Sin una política clara de formación digital, sin universidades conectadas con las industrias tecnológicas y sin una cultura estatal que valore la innovación, el país puede aprobar leyes que imiten al GDPR, pero seguirá lejos de su espíritu. La brecha ya no es solo económica: es civilizatoria. 

El historiador y economista Joel Mokyr, ganador del Premio Nobel de Economía 2025, profundizó esta idea al demostrar que la riqueza de las naciones no depende solo de sus invenciones, sino de su capacidad cultural para convertirlas en conocimiento colectivo. En su obra The Lever of Riches, Mokyr explica que las civilizaciones que progresan son aquellas que transforman la curiosidad en instituciones, y la invención en hábito. Como ha demostrado Joel Mokyr, las ideas son inútiles si no encuentran una sociedad dispuesta a usarlas. En ese sentido, la economía del dato representa hoy la nueva palanca del progreso, pero solo rendirá frutos en países donde el saber se traduzca en instituciones, educación y ciudadanía digital. 

Paraguay, aún sin infraestructura ni capital humano suficientes, podría haber aprovechado la oportunidad de su ley de datos para iniciar una reforma cultural, educativa y tecnológica. Pero el debate se centró en lo político, no en lo estratégico. Mientras Brasil forma especialistas en ética digital y Uruguay se consolida como el mayor exportador de software de Latino América, Paraguay sigue discutiendo quién debe tener derecho a esconder la información. 

En este punto, la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve moral: ¿queremos un país que administre leyes, o un país que entienda el sentido de la ley? Porque el futuro no se escribirá en el lenguaje de la burocracia, sino en el de la innovación.

El autor es estudiante de Negocios Internacionales en Nottingham Trent University UK