Justicia ambiental, entre alivio y desazón

Recientemente nos enteramos, luego de mucha espera que por unanimidad, el Tribunal de Sentencia declaró culpable de homicidio doloso a Hugo Andrés González Sosa, y lo condenó a 24 años de cárcel por el asesinato de los guardaparques Artemio Villalba (51) y Rumildo Toledo (36), ocurrido el 18 agosto de 2018 en la Reserva Natural Tapytá (Fundación Moisés Bertoni), al ser encontrado culpable como autor de los disparos que causaron la muerte de los dos guardaparques. Pena de 24 años por haber quitado la vida de dos personas que cumplían con su trabajo de vigilancia.

Sin embargo, tres personas más que lo acompañaban, los hermanos Alcaraz González recibieron una condena de 2 años con suspensión a prueba, debido a que no se comprobó su participación directa en el crimen y demostraron colaboración con la investigación, pese a haberse mantenido prófugos por casi 2 años. Ambos fueron condenados por producción de riesgos comunes y transgresión a la ley de armas, ya que portaban armas sin contar con los permisos respectivos. Ellos están hoy recluidos en la Penitenciaría Regional de Villarrica, hasta que la resolución quede firme. El Ministerio Público solicitó una pena de 28 años debido a la gravedad del crimen, mientras que la querella adhesiva, representada por el abogado Daniel Paiva solicitó la máxima pena de 30 años para González Sosa.

Esto nos da tranquilidad frente a una justicia a veces no tan justa, pero nos deja un tanto indefensos ante las amenazas y riesgos con el ambiente, y con el capital natural en manos de gente que se les otorga su cuidado. En este análisis ese marco legal nacional e internacional parece no estar debidamente atendido. En agosto del 2018, cuando Artemio y Rumildo realizaban su tarea de patrullaje en la Reserva Natural Tapytá, fueron asesinados por estos cuatro irresponsables, ineptos e inescrupulosos, que hoy reciben un castigo no tan ejemplar. La triste noticia de este asesinato para dos defensores de nuestro patrimonio natural, en su momento conmocionó a toda la sociedad.

Estos profesionales estaban cumpliendo un rol noble y fundamental como guardaparques en la protección de los recursos naturales, tarea que hoy se ha vuelto muy peligrosa en los últimos tiempos a causa del crecimiento de la caza furtiva y plantaciones ilegales, ya que parecen que ahí en las áreas protegidas está la caja chica para financiar algunas actividades que de otro modo serían más complicadas de llevar a cabo. Áreas protegidas que son áreas extensas para preservar los servicios ecosistémicos y que lamentablemente el Estado no tiene ni asigna los recursos necesarios para administrar esos bienes y servicios naturales.

Tras un largo y difícil camino en búsqueda de justicia para que el crimen contra Artemio y Rumildo no quede impune, el juicio oral y público inició el 9 de septiembre de 2021, y con una duración de poco más de un mes, finalmente, este martes pasado el Tribunal condenó a los acusados. El resultado nos da un alivio porque parece que la Justicia funciona, pero por otro nos deja un poco incómodos. Cuatro personas confundidas e ignorantes del rol que cumplen los guardaparques, invasores de la propiedad que no les pertenece, portadores ilegales de armas, que quitan la vida a dos personas, y que además huyen de la ley por años, uno siente que el castigo que además de mostrar el error y pagar por el mismo, debería ser ejemplificante, no es el justo y adecuado.

Pero además, esto nos deja un sabor amargo, porque una vez más queda demostrado que para la Justicia, esta Justicia que tenemos, la persecución penal si no es impulsada por los afectados, interesados o defensores de un sistema de creencias, no tendría los resultados esperados. Si la Fundación Moisés Bertoni no hubiese estado detrás, ayudada por la prensa, por las innumerables reuniones con diferentes sectores como la Fiscalía, Sectores Políticos, Comandancia de la Policía, Ministerio del Interior y muchos otros referentes, liderados obviamente por una institución prestigiosa y respetada, este caso ya se habría olvidado posiblemente. Este esfuerzo llevó más de 2 años para poder dar con estos insurrectos.

Otro tema que nos deja un sabor amargo es que, si bien se persiguió a los asesinos, el rol que cumplen los guardaparques sigue siendo insuficiente para jerarquizarlos en sus funciones, se requiere mayor concienciación y respeto hacia estos defensores y protectores de un bien común. Y finalmente, con un marco legal tan poco amigable con el ambiente, el código penal no castiga los delitos ambientales y las referencias son vagas y desactualizadas. Independientemente de la responsabilidad, la amenaza y tentativa hacia el Ambiente debería ser considerada,  en particular con las áreas protegidas y las unidades de conservación, siendo que el marco legal que tenemos hoy no contempla como daño o perjuicio a las áreas protegidas, actividades como la caza, la pesca, alteración de las condiciones naturales del área, contaminación, y obviamente menos, considera la tentativa ya que la aprehensión de personas armadas o equipadas para perjudicar al área no podría ser sancionado hasta que ocurra el hecho.

Tristemente, tenemos tres personas que atentaron contra un bien de todos, un patrimonio natural, y, sin embargo, fueron sentenciados con apenas dos años, sólo por portar armas sin autorización y por la exposición a riesgos comunes, nada vinculado a la protección de la reserva donde ocurrió el hecho. Creo que nuestro marco legal requiere una atención a lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a Justicia Ambiental, nuestros jueces requieren estar a tono con estas necesidades, y nos urge actualizar el marco penal para que sea un medio más de sanción real al ingreso y daño a las áreas protegidas, pero que se castigue también la tentativa.